El pleno de la Junta Nacional de Justicia eligió al doctor Antonio Humberto de la Haza Barrantes como presidente para el último período de gestión del actual pleno que culmina el 05 de enero de 2025.
Antonio de la Haza Barrantes sucederá en el cargo a Imelda Tumialán Pinto, quien le tomará el juramento de honor. En el cargo de vicepresidente fue elegido el doctor Aldo Vásquez Ríos. El presidente es el representante legal de la JNJ, dirige la política institucional y preside el pleno, conformado por los siete miembros.
Abogado, titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia laboral en el sector privado, ha cumplido diferentes funciones gerenciales y de jefatura en el área de contratos, garantía, banca personal y secretaría general de entidades financieras.
Se desempeñó como asesor legal en especialidad empresarial en temas bancarios. Laboró en el área de Compliance Program Office – Manager Training, desempeñado la labor de Oficial de Cumplimiento Alterno en Prevención de Lavado de Activos para las empresas del Grupo Scotiabank.
En lo académico, posee el grado de magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima, postgrado en penal económico por la Universidad de Castilla La Mancha- España, Doctor (PhD) en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, exprofesor de la Universidad de Lima y, actualmente, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
El pleno de Junta Nacional de Justicia (JNJ) culminó la evaluación parcial de desempeño de 52 jueces y fiscales titulares de los distritos judiciales y fiscales de Callao y Lima Este, haciendo las recomendaciones individuales necesarias para favorecer el desarrollo personal y profesional del evaluado.
Se aprobó por unanimidad el contenido de los cincuenta y dos (52) informes individuales de evaluación presentados por la Comisión de Evaluación Parcial de Desempeño, teniendo los mismos la calidad de informes finales, que se notificarán a los magistrados.
La evaluación se desarrolló sobre la base de aspectos vinculados a la idoneidad para el ejercicio del cargo, con el objeto de conocer el grado de desarrollo de ciertas competencias vinculadas a su labor judicial y fiscal; su compromiso con la integridad y su contribución a la sostenibilidad tomando en consideración los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Todo ello con el fin de prever las acciones de formación que fuesen necesarias para favorecer el desarrollo personal y profesional de los convocados.
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