Este martes 14 de enero, la Quinta Sala de Apelaciones del Poder Judicial revocó la orden de prisión preventiva de 36 meses contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República. De esta manera, Boluarte afrontará en libertad la investigación preparatoria que se le sigue en Fiscalía por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.
La decisión responde a que la entidad declaró fundado el recurso de apelación que presentó Boluarte, anulando así la medida dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho el 17 de noviembre del 2024.
El recurso de apelación, interpuesto por la defensa técnica de los investigados Jorge Luis Ortiz Marreros, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, y Jorge Chingay Salazar, también fue declarado fundado. Por lo que ellos también enfrentarán el proceso en libertad. De igual manera, se anuló la prisión preventiva de 36 meses contra Noriel Chingay Salazar, dictada el 22 de noviembre del 2024.
La defensa técnica de Nicanor Boluarte sostuvo que, con respecto a las supuestas designaciones ilícitas de prefectos y subprefectos en la región San Martín, «los elementos de convicción citados por el magistrado de primera instancia no tienen la categoría de graves y fundados». Por ello, la defensa «no descarta que tengan idoneidad para justificar una investigación, pero no tienen la entidad para sostener una prisión preventiva«.
Además, con relación al delito de organización criminal, «ya hubo pronunciamiento en el que se ha concluido que no concurre el delito de organización criminal«, se precisó en el documento judicial.
Sumado a ello, con relación al delito de cohecho activo genérico, la imputación sostiene que Nicanor Boluarte habría hecho designar al señor Jorge Ortiz Marreros como jefe de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, habría hecho funcionario y también le habría dado la ventaja de mantenerlo
en el cargo a cambio que esta persona designe ilícita o indebidamente a diversas personas como subprefectos y proponga a su vez prefectos.
Sin embargo, la defensa legal de Boluarte alegó que «no existen elementos que corroboren la imputación«, por lo que, a su criterio, es una «especulación«. Además, indicó que la versión de un colaborador eficaz justifica una indagación, «pero no es elemento de convicción grave«.
«La resolución apelada no establece la forma como se llevó esa designación, menos se analiza la participación de otros funcionarios que habrían intervenido en esa designación, los que no han sido citados para brindar información sobre. En los elementos de convicción acompañados no se tiene comunicación o mensajes WhatsApp entre su patrocinado Nicanor Boluarte y el señor Ortiz Marreros«, precisa el documento.
El último 17 de noviembre, el juez Richard Concepción Carhuancho resolvió declarar fundado el requerimiento fiscal para que se le imponga 36 meses de prisión preventiva a Nicanor Boluarte dentro de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, por el que se le acusa de la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Sin embargo, Boluarte se encuentra prófugo de la justicia desde entonces.
Según la Fiscalía, Nicanor Boluarte encabeza una presunta organización criminal que buscaba la designación de prefectos y subprefectos para consolidar un nuevo partido político Ciudadanos por el Perú. Se le acusa de exigir pagos ilícitos a cambio de estos nombramientos y de utilizar su influencia para controlar cargos estratégicos en diversas regiones del país.
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