Presidenta designa a viceministro de Justicia en la Procuraduría General del Estado, pese a estar prohibido por ley

Resolución de El Peruano nombra en Consejo Directivo de la PGE al viceministro Juan Falconí. Reglamento de la institución incluye prohibición expresa.

Ana Briceño
Unidad de Investigación

La presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, designaron hoy a Juan Falconí Gálvez, viceministro de Justicia, como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, tal como apareció publicado esta mañana en el diario oficial El Peruano.

 

Sin embargo, se trata de una designación indebida, que va de manera expresa contra lo que señala la ley. El 2019 se aprobó el decreto legislativo 018-2019, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. La norma indica que los viceministros están “impedidos de ser “miembros de Consejo Directivo, mientras ejerzan función pública, y hasta doce meses luego de haber cesado en el cargo”.

 

Entre las funciones del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado está la de dirigir el proceso de selección de procuradores, que defienden los intereses del estado en todas las instituciones públicas.

Para el abogado Yván Montoya, esta designación por fuera de la ley debe ser corregida de inmediato. “Amerita una investigación desde la Cámara de Diputados, no se debió designar a alguien que, según el reglamento, que está impedido de hacerlo. La prohibición de que la comisión sea integrada por el viceministro es porque ese cargo es político y lo que se requiere en la Procuraduría General es una mayor independencia”, precisó.

Falconí fue nombrado viceministro de Justicia el pasado 4 de agosto. Ocupó el mismo cargo en el 2017 durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. En ese periodo presidió la Comisión de Gracias Presidenciales que otorgó el indulto humanitario al padre de la mandataria, Alberto Fujimori, en diciembre del 2017.

El 3 de octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró inaplicable el indulto otorgado al expresidente y ordenó su ubicación y captura inmediata. Consultamos con el Ministerio de Justicia sobre las razones de la designación, pero al cierre de esta no obtuvimos respuesta.