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El Congreso de la República ha propuesto un controvertido proyecto de ley que podría tener un impacto significativo en la lucha contra la corrupción y la recuperación de bienes obtenidos de manera ilícita en el Perú. El Proyecto de Ley 3577, presentado por el partido Fuerza Popular, propone modificaciones a la Ley sobre Extinción de Dominio, lo que ha generado ya una respuesta de la procuraduría.

Una de las disposiciones más polémicas contenidas en este proyecto es la que establece que la recuperación de bienes obtenidos de forma ilícita solo podría llevarse a cabo después de obtener una sentencia judicial penal. Esto representa un cambio significativo en la forma en que se aborda la extinción de dominio en el país, ya que hasta ahora, este proceso se había convertido en una herramienta crucial para la recuperación de activos vinculados a la corrupción y otros delitos graves.

La Procuradora especializada en extinción de dominio, Liliana Meza Quito, destacó para Latina Noticias la importancia de este proceso, que se considera una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. «La extinción de dominio es un proceso autónomo y especializado que se enfoca en recuperar bienes que han sido obtenidos o son productos de actividades ilícitas. A través de este proceso, se han logrado importantes recuperaciones de patrimonio ilícito a favor del Estado» explicó. Asimismo, agregó:

«El caso del expresidente Alejandro Toledo respecto de sus 8 inmuebles como bienes ilícitos, dinero que también está en una de las cuentas de su suegra y que en aproximado son cerca de 19 millones de soles que se pretende recuperar a favor del Estado. Otro caso, por ejemplo, es el de la incautación de lingotes de oro, en donde hay cerca de 111 kilogramos que valorizan cerca de 15 millones de soles para recuperar a favor del Estado que están vinculados al lavado de activos y a la minería ilegal, entonces es importante que la ciudadanía conozca y que sienta el mensaje de que el crimen no paga.»

Además, si el proyecto de Ley 3577 es aprobado, podría tener un impacto negativo en todos estos casos, así como en los miles de procesos en trámite que involucran bienes de origen ilícito. Esta medida, también podría entrar en conflicto con convenios internacionales en los que el Estado peruano se ha comprometido en la lucha contra la corrupción, el tráfico de drogas y el lavado de activos, ya que estos acuerdos establecen la incorporación de la figura de extinción de dominio de manera autónoma en la legislación nacional.

«Este proyecto de ley va a generar de que todos estos casos y todo este patrimonio ilícito que se quiere recuperar a favor del Estado tenga un perjuicio negativo, obviamente los más felices con todo esto son los delincuentes», sentenció la procuradora.

Entre los casos exitosos de extinción de dominio se incluyen «la recuperación de fondos vinculados a actividades ilícitas de corrupción, como cuentas en el extranjero relacionadas con los casos de Fujimori y Montesinos, así como otros casos que involucran a exfuncionarios públicos y sus familias. Uno de los casos más emblemáticos en curso es el relacionado con los bienes del expresidente Alejandro Toledo, donde se busca recuperar ocho inmuebles y una cantidad significativa de dinero», agregó la procuradora.

Hasta la fecha, la Ley de Extinción de Dominio había demostrado ser efectiva en la recuperación de activos ilícitos. Según datos proporcionados por la Fiscalía Nacional coordinadora de extinción de dominio, se han obtenido más de 771 sentencias fundadas en tan solo cuatro años, lo que ha resultado en la recuperación de aproximadamente 260 millones de soles para el Estado.

DE SER APROBADO EL PROYECTO DE LEY

La Procuraduría de Extinción de Dominio ha expresado su preocupación por el impacto negativo que este proyecto de ley podría tener en la lucha contra la corrupción y ha instado al Congreso a considerar las implicancias y a convocar a expertos en el sistema de extinción de dominio para evaluar posibles modificaciones.

«El delincuente no solamente va a ir a la cárcel por los procesos penales que pueda tener o va a cumplir una condena, sino también que el dinero ilícito que logró amasar va a regresar al Estado y esto queremos que además también la ciudadanía se beneficie«, explico la procuradora.

Por otro lado, Meza Quito, señaló que la Procuraduría de Extinción de Dominio tiene actualmente cerca de 500 casos en trámite que representan bienes por un valor aproximado de 140 millones de dólares, que incluyen más de 1,200 propiedades, más de 1,000 vehículos y una cantidad significativa de oro en lingotes y que podrían verse afectados de aprobarse dicho proyecto de ley.

Finalmente, detalló que la extensión de dominio hoy es un proceso exitoso porque ataca el punto central del delito y del crimen. «Lo que busca es quitarle este patrimonio, ilícito, ganancias, ilícitas, que han ido los delincuentes y recuperarlo a favor del Estado, los delincuentes, cometen ilícitos por dos razones, primero porque quieren disfrutar de este de lo ilícitamente adquirido y segundo porque esto les permite seguir financiándose sus actividades delictivas. Por eso se dice que la extensión de dominio es una herramienta eficaz contra la corrupción y contra todo tipo de actividades», finalizó.