La decisión de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de interponer una demanda ante el Poder Judicial para solicitar la nulidad de la exclusividad otorgada al consorcio chino-peruano Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. para operar en el megapuerto de Chancay, que será inaugurado en noviembre del 2023, sigue generando controversia.
Este asunto ha escalado también a los gremios empresariales que han mostrado su preocupación y crítica porque la resolución del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), del 10 de febrero del 2021, recién se haya revisado a poco meses de que inicien las operaciones de este ‘hub’ estratégico para el comercio entre América del Sur y Asia desde el cual se distribuirá carga de Perú, Chile, Ecuador y Colombia.
Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), calificó como «desafortunado» que se hayan demorado tres años para encontrar que existía un vacío en el acuerdo de la APN para darle la exclusividad a Cosco Shipping. Por ello, consideró que este asunto debería resolverse lo más pronto para brindar una tranquilidad de inversionistas extranjeros que quieran venir al Perú.
«La postura de AFIN es que la inversión privada siempre es bienvenida. Si hay alguna duda de la legalidad, lo mejor es que se resuelva cuanto antes y se reencause el proceso para que en el futuro nadie tenga que hacerle alguna observación a la exclusividad otorgada a Cosco», manifestó a Latina Noticias.
Roca resaltó también el proyecto de ley del congresista José Cueto (Renovación Popular) que buscaría modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para que las empresas privadas soliciten la exclusividad para operar en puertos cuando requieren de la habilitación portuaria.
«Lo que hace el proyecto de ley del congresista Cueto es brindar un marco legal adecuado y garantizar la tranquilidad a los inversionistas. Aquí nadie está discutiendo sobre la exclusividad, sino habilitar una operación en condiciones de monopolio ya no a través de una resolución administrativa. Por eso, es mejor que esto se resuelva ahora que esperar más tiempo «, anotó.
Previamente, otro gremio importante que tuvo un pronunciamiento fue la Sociedad Nacional de Industrias. A través de un comunicado expresaron que la acción de la Procuraduría del MTC para anular la exclusividad a Cosco Shipping para operar en el megapuerto de Chancay genera una «inseguridad jurídica».
«La inseguridad jurídica que ocasiona la demanda interpuesta por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú (MTC), a raíz de una actual decisión de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para que se declare nulo el acuerdo que su propio directorio tomó en el 2021 al otorgar a Cosco Shipping Ports la exclusividad de operaciones en el puerto de Chancay es una mala señal, no solamente para los agentes privados que vienen invirtiendo en el megapuerto, sino para cualquier otro inversionista», indicaron.
Desde la SNI enfatizaron que el megapuerto de Chancay tendrá un impacto económico y social en la región que generará miles de puestos de trabajo. Por ello, emplazaron a las autoridades a que haya seguridad jurídica.
«Invocamos a las autoridades nacionales que correspondan a garantizar la seguridad jurídica que requiere una inversión para beneficio de todo el país, dando una solución integral y definitiva a esta desafortunada decisión de la APN que pone en riesgo una de las inversiones más significativas realizadas en el país durante las últimas décadas», zanjaron.
Por su parte, el economista Alejandro Indacochea consideró que lo ocurrido con el pedido de la Procuraduría del MTC para la nulidad de la exclusividad dada a Cosco Shipping no es un «simple error administrativo, sino hay intereses geopolíticos y geoeconómicos».
Indacochea cuestionó que se pudo evitar recurrir al Poder Judicial y solucionarlo en un acuerdo de directorio de la Autoridad Portuaria Nacional. Indicó que sería «nefasto» que haya un fallo en el que se le quite la exclusividad a Cosco Shipping.
«Hay una responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Quedaría como un precedente nefasto para una minera o una inversión de mil millones de dólares que en un año o tres digan que hay un error administrativo en alguna concesión que se les otorga», aseguró.
El economista aseguró que los miembros de la APN, que dieron la exclusividad a Cosco Shipping, deberían ser investigados y el ministro Raúl Pérez Reyes ser citado al Congreso para que brinden explicaciones más claras sobre este tema que, a su juicio, ha sido tomado con una «ligereza absoluta».
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