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Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina este domingo 20 de octubre.

PUNTO FINAL: PROGRAMA DE ESTE DOMINGO 20 DE OCTUBRE

SICARIOS A LA ORDEN

El asesinato del profesor Julio César Pacheco Pimentel, ocurrido dentro del colegio Julio C. Tello en Ate, conmocionó al mundo. El lunes 14, a las 5 p.m., un sicario ingresó sin dificultad al centro educativo y disparó a su víctima frente a los estudiantes. Este hecho, en uno de los distritos declarados en emergencia, evidencia cómo la criminalidad ha desbordado al país. Según el Sinadef, ya se han registrado más de 1,500 homicidios en todo el Perú, superando los 1,431 del 2023. Además, médicos forenses de la Morgue de Lima confirman que reciben cadáveres a diario por impactos de bala. A través de redes sociales, tanto el alquiler de armas como los servicios de sicarios se ofertan sin control alguno.

Durante la gestión de Juan José Santivañez en el Ministerio del Interior, se han reportado más de 730 homicidios y 9,000 denuncias por extorsión en distintos sectores.

MILLONES GASTADOS EN CÁMARAS-TESTIGO QUE NO SE USAN

A pesar de contar con recursos, el Estado no logra implementar estrategias efectivas de inversión. En 2021, el Ministerio del Interior gastó 4 millones de soles en la compra de 600 bodycams, conocidas como «cámaras testigo», y consolas para almacenar su información. Aunque fueron distribuidas a 10 comisarías de Lima, ninguna está siendo utilizada. Estas cámaras, que podrían registrar las intervenciones policiales, permanecen empaquetadas, lo que ha llevado a la Fiscalía a investigar a dos funcionarios ministeriales y al proveedor por presunto delito de colusión agravada. La investigación de Jorge Dett y la Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló la falta de supervisión de las actuales autoridades sobre su uso.

Además, un sondeo de Datum realizado a 1,218 personas en zonas urbanas y rurales entre el 4 y 8 de octubre refleja la creciente preocupación ciudadana. El 86% de los encuestados cree que el gobierno no tiene una estrategia clara para garantizar la seguridad en el país, y el 87% se siente inseguro en las calles de su ciudad.

CHOFER DEL COFRE: “DEJAMOS A PDTA EN MIKONOS”

El chofer del auto presidencial, Félix Montalvo Guevara, compareció ante la fiscalía suprema el martes 15 para declarar en la investigación sobre el presunto encubrimiento del prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. La tesis fiscal sostiene que el gobierno estaría brindando protección a Cerrón, lo que implicaría a la presidenta Dina Boluarte. Montalvo Guevara acudió acompañado de su abogado, Jesús Poma, y tras salir del Ministerio Público, compartió en exclusiva detalles sobre los movimientos del vehículo presidencial durante el fin de semana de febrero en Asia, un mes después de un operativo policial en busca de Cerrón en el condominio Mikonos.

Por otro lado, Dina Boluarte lleva 103 días sin dar declaraciones a la prensa. La última vez que habló con los medios fue el 8 de julio para referirse a su viaje a China, mientras que la penúltima fue el 5 de abril, cuando respondió preguntas sobre el polémico caso Rolex.

ASESOR DE CERRÓN TIENE CASA EN ASIA

Ana Briceño, de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, obtuvo información de que Edgard Briceño Carnero, asesor parlamentario del congresista Waldemar Cerrón, posee una casa cerca del condominio Mikonos, donde la policía realizó un operativo en busca del prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Briceño Carnero, oficial en retiro de la FAP, fue mencionado en varias ocasiones durante la investigación fiscal sobre los presuntos ascensos irregulares de militares durante el gobierno de Pedro Castillo, en los que varios testigos aseguraron que hubo presión para favorecer su ascenso, aunque este no se concretó.

Rodrigo Cruz logró conversar con Edgard Briceño Carnero, quien negó cualquier vínculo con las irregularidades mencionadas en la investigación y aseguró que su cercanía al condominio Mikonos es meramente circunstancial.

“CAJA CHICA” CON DINERO MOCHADO EN EL CONGRESO

Mientras la acusación constitucional contra la congresista Magaly Ruíz Rodríguez por presuntamente recortar sueldos a sus trabajadores sigue sin avanzar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Fiscalía de la Nación ha continuado su investigación, obteniendo testimonios reveladores. Harold Moreno accedió en exclusiva al registro de una supuesta “caja chica” entregado por una extrabajadora del Congreso. Según su declaración, el dinero recortado de los salarios de los empleados era utilizado para cubrir gastos menores de la congresista, como su movilidad.

Además, el 29 de agosto, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación adicional contra Ruíz por el presunto delito contra la fe pública. Se le acusa de haber utilizado documentos falsos para contratar a la enamorada de su hijo en el Congreso, lo que suma otra capa de gravedad a las imputaciones que enfrenta la parlamentaria de APP.

TOLEDO ¿CULPABLE O INOCENTE?

Mañana será un día decisivo para el expresidente Alejandro Toledo Manrique, quien podría convertirse en el primer exmandatario condenado por el megacaso Odebrecht. La fiscalía ha solicitado una pena de 20 años y 6 meses de cárcel, acusándolo de haber recibido 35 millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de favorecer la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. El Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional evaluará si Toledo incurrió en los delitos de colusión y lavado de activos, basándose en la declaración de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú, quien afirmó haber entregado el dinero a través de Josef Maiman, quien antes de su muerte corroboró la versión y devolvió parte del soborno.

Además, la fiscalía ha solicitado 9 años de prisión para los exdirectivos de Proinversión, Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo Orellana, a pesar de que Barata declaró no haber conspirado con ellos. En paralelo, el Poder Judicial ha dictado 36 meses de prisión preventiva contra Jorge Barata, acusado de colusión agravada en los proyectos del Gasoducto Andino del Sur y el Gasoducto Sur Peruano.

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