Tras el fallecimiento de Hernando Guerra García, exlegislador de Fuerza Popular, el Congreso seleccionó a su sucesor en una sesión llevada a cabo el último jueves. El elegido para ocupar su lugar es Arturo Alegría García, quien logró asegurar la vacante con un respaldo de 89 votos a favor.
Luis Arturo Alegría García nació en Lima el 3 de agosto de 1988 y su domicilio está ubicado en la misma ciudad. Sin embargo, postuló al Congreso por la región de San Martín para el periodo 2021-2026. Hecho por el cual fue criticado.
Desde 2009 hasta el 2020 se desempeñó en varios cargos dentro de la política, entre ellos asesor en Palacio Legislativo. Actualmente es portavoz de Fuerza Popular y miembro de la Comisión Permanente del Parlamento.
De acuerdo a la página oficial del Congreso, Arturo Alegría ha presentado un total de 168 proyectos legislativos, ya sea como autor o coautor. De su autoría son 13 proyectos de ley que están relacionados con temas ambientales y energéticos.
Es importante mencionar que, de todos los proyectos propuestos, dos han sido aprobados. Uno de ellos corresponde a la iniciativa que modifica la ley número 31053, la cual reconoce y promueve el derecho a la lectura y expande los beneficios fiscales, además de prolongar su vigencia.
El otro proyecto de ley es la medida que elimina la ley 31876, que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional.
El propósito de esta ley es fomentar la inversión por parte de entidades privadas en áreas de conservación natural, así como en licencias que buscan preservar los bosques con el fin de fortalecer la protección del medio ambiente e incluir la participación del sector privado en esta tarea.
El propósito de esta ley es gradualmente reemplazar el empleo de papel bond por papel reciclado, fortalecer la utilización de servicios digitales y requerir la adquisición obligatoria de luminarias y focos LED en cualquier proceso de compra gubernamental, con el fin de disminuir los efectos ambientales.
El propósito de esta ley es impulsar la recuperación económica mediante la utilización del cáñamo en la agricultura de Perú, con el objetivo de establecer regulaciones para el empleo de semillas y fibras de cáñamo que contengan menos del 1% de THC, con fines comerciales e industriales. Además, supervisa y regula las actividades de importación, exportación, almacenamiento, siembra, cultivo, cosecha, procesamiento, transporte y comercialización dentro del país.
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