TC declara infundada demanda de la Fiscalía y ratifica funciones de la Policía en investigaciones
05.08.2025 / 20:50 Felipe Morales
El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de La Libertad contra el Congreso de la República, en torno a la distribución de funciones en la investigación del delito entre la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP).
La controversia se centraba en los Decretos Legislativos 1592, 1604, 1605, 1611 y en el artículo único de la Ley 32130, que modificaron aspectos clave del Código Procesal Penal. El reclamo del Ministerio Público apuntaba a una supuesta invasión de sus competencias, al reforzar el rol de la Policía en las investigaciones preliminares.
Según la sentencia N.º 00006-2024-AI, el TC ratificó que:
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El Ministerio Público dirige jurídicamente la investigación del delito desde su inicio, conforme al artículo 159.4 de la Constitución.
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La etapa preliminar está a cargo de la PNP, que ejecuta acciones operativas policiales —como el recojo de indicios y evidencia— bajo la conducción jurídica del fiscal.
La fase formalizada de la investigación recae exclusivamente en la Fiscalía, con apoyo logístico y técnico de la Policía.
Además, el fallo establece que los informes y calificaciones jurídicas de la PNP no condicionan las decisiones del fiscal en cada caso.
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EXHORTACIÓN A COORDINAR FUNCIONES
El Tribunal Constitucional exhortó tanto al Ministerio Público como a la Policía Nacional a:
Elaborar protocolos conjuntos de actuación interinstitucional que reflejen lo establecido en el Código Procesal Penal.
Ejecutar la sentencia de manera coordinada, con el fin de fortalecer una estrategia eficaz en la lucha contra el delito a nivel nacional.
De esta forma, la sentencia del TC respalda la reforma legislativa aprobada por el Congreso y respaldada por el Ejecutivo, que busca reforzar el papel de la PNP en la etapa preliminar de las investigaciones. Asimismo, representa un revés para la Fiscalía, que había cuestionado estas modificaciones legales al considerar que limitaban su autonomía.