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«El Estado no negocia con terroristas» sentenció Gustavo Adrianzén, representante de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para Latina Noticias. Aclaró que la demanda del terrorista Polay Campos no implica una revisión de la condena de 35 años que cumple desde el 2006. Además, recordó que la CIDH no tiene la facultad de alterar las condiciones de la condena impuesta al terrorista Polay Campos.

El proceso supranacional que ha sido presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un grupo de personas, que incluye al exministro Javier Valle Riestra, busca respaldar al exmiembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), el terrorista Víctor Polay Campos.

Los juristas y peticionarios que respaldan al terrorista sostienen que durante los juicios en su contra no se respetaron el debido proceso ni las garantías procesales. En respuesta, buscan indemnización por estas supuestas vulneraciones a sus derechos. Sin embargo, Adrianzén enfatizó que, hasta la fecha, ni el sistema de administración de justicia nacional ni el internacional han otorgado razón a estos argumentos. Las sentencias relacionadas con Polay Campos se mantienen firmes e inalterables.

«Lo que tenemos que hacer es ponernos firmes, esto es un trabajo desde la representación de Perú ante la OEA coordinado con la procuraduría supranacional, la de antiterrorismo y dirigido por el Ministerio de Justicia y la Cancillería», sentenció el representante de Perú ante la OEA.

Asimismo, Adrianzén, indicó que el proceso en curso no conlleva la posibilidad de que los delincuentes terroristas sean liberados y señaló que la posición del Estado peruano es que los delincuentes terroristas no han sido objeto de algún tipo de perjuicio como estos señalan y que las condiciones de los grupos terroristas son las que corresponden a dicho nivel de criminalidad que cometieron.

«Cuando el Estado Peruano derrotó a los delincuentes terroristas, a muchos de ellos se les condenó a cadena perpetua. Sin embargo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le dijo al Estado peruano que no pueden juzgarlos a través de tribunales con jueces sin rostro y los volvieron a juzgar. Así, se anuló la condena original de cadena perpetua a Polay Campos, donde se reformó por una pena de 35 años que termina en el 2026«, explicó Gustavo Adrianzén.

Por otro lado, el representante ante la OEA, aclaró que en caso de que la CIDH no quede satisfecha con los argumentos del Estado peruano, podría eventualmente formular recomendaciones. Si estas no son aceptadas por el Estado, el caso podría ser enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se llevaría a cabo un juicio como cualquier otro y donde el Estado peruano se defenderá.

Finalmente, señaló: «lo que yo quiero transmitir es seguridad y tranquilidad frente a estas expresiones alarmistas, que un delincuente terrorista consiga razones y a partir de ahí utilizar esta argumentación para decir que nos tenemos que alejarnos del sistema de la corte de derechos humanos, es alarmista».