Él es Segundo Félix Romero Revilla y es desde marzo de este año, rector de la Universidad Ricardo Palma. Romero Revilla también es, desde julio pasado, integrante de la comisión especial que viene llevando a cabo la selección de los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, en representación de las universidades privadas. Un equipo de trabajo integrado, entre otros, por el Defensor del Pueblo, el fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial y que esta semana fue sujeto de críticas por parte de la misión internacional que vino a revisar este proceso.
«Romero Revilla está en la comisión especial… en base a qué ha sido elegido, esta nueva Sunedu, los rectores se tienen que registrar para que puedan firmar los grados y títulos y eso lo han convalidado como si fuera un reconocimiento de la Sunedu y con eso han venido sorprendiendo a las instituciones, cuando le preguntan a Sunedu quién es el rector dice Romero Revilla, pero eso es solo para la firma de grados y títulos. No es un reconocimiento de autoridades en el sistema universitario, Romero Revilla tampoco figura en la Sunarp«, sostiene José Vásquez, presidente de la asociación patronato de la Universidad Ricardo Palma.
Este es un oficio enviado, en junio pasado, por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos a la presidenta de la comisión de Justicia del Congreso, la parlamentaria Janet Rivas Chacara. En resumen, le dice a la congresista que desde el 2006 la Universidad Ricardo Palma no cuenta con representantes inscritos ante la Sunarp, es decir, desde hace 18 años, ni el rector ni los vicerrectores tienen poderes reales para efectuar actos legales de esta universidad.
«¿Qué implica que el rector no esté en registros públicos? Que no puede firmar no tiene legalidad para comprar para transferir porque quién ve lo de los grados y títulos el rector y eso lo ve Sunedu, entonces si bien es cierto que la Sunedu dice que prima el derecho de los estudiantes. No puede realizar ningún acto legal, eso implica que no puede hacer una licitación, transferencia de bienes para la universidad, no pudo inscribirlo, se ha quedado en el aire, no puede firmar grados y títulos si alguien quiere cuestionarlo puede ganar fácilmente«.
Lo dice Daniel Mora, el excongresista que impulsó la creación de la actual ley universitaria. Nosotros buscamos en Sunarp y en efecto encontramos que la última inscripción de un rector de la Ricardo Palma, data del 2005. Iván Rodríguez, recordado rector de esta casa de estudios por más de 25 años, también expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores, solo pudo inscribir cinco años de su gestión en registros públicos, entre el 2001 y el 2006, tras un juicio que ganó contra la Sunarp. Se pasó cerca de 17 años buscando inscribir sus reiteradas reelecciones como rector, pero Registros Públicos rechazaba este acto, argumentando que no cumplía con lo establecido en el estatuto de la universidad inscrito en 1991, entre otros procedimientos registrales.
José Vásquez es presidente de la asociación patronato de la Universidad Ricardo Palma, que mantiene un enfrentamiento abierto con la administración del actual rector Segundo Romero Revilla, quien fue vicerrector de Iván Rodríguez y lo reemplazó a su muerte, ocurrida el año pasado. Romero Revilla tampoco tiene poderes inscritos en registros públicos.
«Es la misma situación, viene incumpliendo la ley universitaria, los estatutos de la universidad, tienes que formar un comité electoral y no una comisión electoral y con eso se nombra autoridad«, señaló.
Algo con lo que está en abierto desacuerdo el abogado Manuel Delgado Bedoya, representante legal de la actual administración de la Universidad Ricardo Palma. Para él, la inscripción de la figura del rector en registros públicos es opcional, a pesar de ser lo usual en el resto de universidades del país.
¿De qué forma podría afectar, al proceso de selección de la nueva Junta Nacional de Justicia, el hecho que Romero Revilla no tenga poderes inscritos en registros públicos como rector de la universidad?
«El rector de la Universidad Ricardo palma no tiene una representación legal válida, todos los que tienen persona jurídica tiene que estar para poder celebrar cualquier acto con validez legal tiene que tener registro, eso es ajeno a su ámbito universitario aunque creo que ahí también hay un problema, pero cuando se elige a un rector para que forme parte de la comisión que elige a los de la JNJ tiene que elegir a alguien que en el registro tenga acreditado esas funciones«, señala López.
«El rector Romero Revilla no está inscrito en registros públicos. El señor ha sido miembro de la comisión especial de la Junta Nacional de Justicia. Sí tiene representación legal porque es la representación de la ley universitaria, él se ha presentado como representante en el juicio como acción de amparo en contra de la universidad y la segunda sala lo ha encontrado como representante» , afirma Delgado.
Un claro ejemplo del riesgo lo tiene la propia Universidad Ricardo Palma. En el 2010, Iván Rodríguez compró esta propiedad ubicada en Miraflores a nombre de la Universidad, al precio de 1 millón 300 mil dólares.
Sin embargo, Rodríguez nunca la pudo poner a nombre de la casa de estudios ¿Por qué? Porque en el papel, en esos momentos, ya no figuraba como rector pese a su reelección, y por ende no tenía las facultades para adquirir inmuebles a nombre del centro de estudios. La Sunarp rechazó esto, se apeló y según la propia ficha registral hasta ahora el predio no ha podido ser regularizado, pese a que ya funciona ahí el Instituto de Investigación y Estudios de la Mujer de la universidad Ricardo Palma. Una forma gráfica de cómo se hacen las cosas en este país.
Consultamos a la Sunedu, quienes a través de sus voceros señalaron que en ninguna parte de la ley universitaria se especifica que la ratificación de un rector por parte de ellos tiene como requisito la verificación de su inscripción en registros públicos. Solo registran las firmas y cargos que la secretaría general de determinada universidad les envía. Pero una vez más, el sentido común se debería imponer ¿qué hace un rector que no tiene saneada su representatividad integrando una comisión medular como la de la elección de la nueva Junta Nacional de Justicia?
Según López: «Las personas que lo eligieron no se dieron cuenta de este problema, el defensor no se dio cuenta o se hicieron de la vista gorda, en cualquier caso es gravísimo».
Un detalle no menor, puede empañar aún más un proceso ya objeto de críticas como el de la nueva Junta Nacional de Justicia que esta semana anunció la aprobación de una lista final de más 50 postulantes. Un postulante descontento o con cálculo político podría identificar en la situación de Romero Revilla el talón de Aquiles para traerse abajo un proceso necesario para el equilibrio de poderes en el Perú.
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