En mayo del 2017, Manuel Elera Moquillaza, esposo de la legisladora Yeni Vilcatoma, firmó su primer contrato como abogado. La Contraloría giró una orden de servicio por 5 mil soles. Y justo por esos días, en el Congreso, una denuncia por lavado de activos en contra de Edgar Alarcón, por la compra irregular de 90 vehículos, era “congelada”.
Si bien la denuncia fue presentada meses atrás a la Comisión de Fiscalización que encabezaba la congresista Yeni Vilcatoma, ella no le había dado trámite. Un cargo demuestra que la parlamentaria recibió la denuncia.
¿Por qué no lo comunicó a los otros miembros de ese grupo de trabajo? En ese momento, Edgar Alarcón ya había contratado a su esposo, quien recibió pagos de la Contraloría en mayo, junio, julio y agosto del 2017. El contrato que había firmado para octubre, por 15 mil soles, fue anulado por la nueva administración, del entrante contralor Nelson Shack.
Para colmo, pese a ser advertido que no podía contratar con el Estado, precisamente por su condición de esposo de una congresista, firmó por 9 mil soles con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y por 30 mil soles con la Municipalidad de Lima.
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