Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa de la semana en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina este domingo 29 de septiembre, fecha que marcó el regreso de Mónica Delta a las pantallas.
El conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, enfrenta una nueva sesión en la sala de audiencias este lunes, acompañado de la fiscal superior Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei. La fiscalía suprema ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los tres, acusados de tráfico de influencias y cohecho activo. En el expediente, al cual María Horna tuvo acceso, se encuentran detalles relevantes de la investigación. Hurtado, durante su declaración, muestra gran precisión al referirse a sus coinvestigados, pero cuando las preguntas giran en torno a sus ingresos, propiedades y cuentas, su actitud cambia, respondiendo con evasivas o simplemente guardando silencio.
Andrés Hurtado, más conocido como «Chibolín», ha sido vinculado con personas cercanas a él que, actuando como apoderados de algunas de sus empresas, lograron obtener contratos millonarios de servicios en la municipalidad de Surco. Estas contrataciones se habrían dado durante las gestiones de los exalcaldes Roberto Gómez Baca y Jean Pier Combe. Según la investigación realizada por la Unidad de Investigación de Latina Noticias, tanto Gómez Baca como Combe compartieron declaraciones sorprendentes al respecto, con el primero incluso sugiriendo que Hurtado debería considerar acogerse a la colaboración eficaz.
Elizabeth Peralta Santur, fiscal superior investigada junto a Andrés Hurtado “Chibolín”, enfrenta una solicitud de detención preventiva debido a diversas irregularidades encontradas durante un allanamiento a su domicilio. Aunque inicialmente afirmó estar dispuesta a colaborar con la justicia y entregó su pasaporte, las autoridades hallaron una maleta con pertenencias personales, lo que generó sospechas de una posible fuga. Además, Peralta se negó a entregar su celular, alegando primero que se le había caído y luego que pertenecía a su hija. Durante el allanamiento, también se encontraron anotaciones que indicaban cómo eliminar copias de seguridad y borrar historiales de WhatsApp, junto con registros de cuentas bancarias, vouchers con grandes sumas de dinero y una USB con audios que revelan conversaciones sobre su nombramiento y una supuesta intervención en la investigación por lavado de activos del alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez.
El paro de transportistas ocurrido el jueves 26 en Lima tuvo un impacto significativo, con más de 63 empresas y 5,000 buses paralizando la ciudad. Esta acción fue motivada por la creciente inseguridad que afecta al sector del transporte, llevando a conductores, cobradores y empresarios a marchar hasta el Congreso para exigir medidas que protejan sus vidas. En las últimas semanas, cuatro personas vinculadas al transporte público han sido asesinadas por negarse a pagar extorsiones. Las cifras de extorsión en 2024 ya superan las 14,000 denuncias, acercándose a niveles alarmantes. La investigación de Harold Moreno reveló que la reciente modificación de la ley de crimen organizado ha debilitado las herramientas legales disponibles para fiscales y policías, quienes ahora enfrentan restricciones para realizar allanamientos simultáneos contra organizaciones criminales. Esto, sumado a la obligación de esperar la presencia de un abogado de oficio, ha complicado la lucha contra las extorsiones en la capital.
Durante el paro de transportistas provocado por el aumento de las extorsiones, el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, teniente general Óscar Arriola, afirmó que Perú es uno de los países más seguros, solo superado por El Salvador. No obstante, la realidad pintó un panorama distinto, y el gobierno se vio obligado a declarar el estado de emergencia en 11 distritos de Lima por un período de 60 días debido al incremento de la criminalidad. Este escenario también reavivó el debate sobre el proyecto de ley de «terrorismo urbano», que será discutido en el próximo pleno del Congreso.
La presidenta Dina Boluarte está siendo investigada preliminarmente por la fiscalía debido al supuesto uso indebido del cofre presidencial para facilitar el traslado de Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo. La investigación se basa en un audio revelado por el capitán Junior Izquierdo, conocido como “Culebra”, en el que se escucha al ministro Juan José Santiváñez mencionar que Cerrón fue transportado hasta Ica en el cofre presidencial. Esta denuncia también involucra al ministro por no reportar el incidente, y varios altos mandos policiales están bajo investigación por su presunta participación en el caso, que ha salido a la luz recientemente. Rodrigo Cruz ha seguido este tema desde marzo de este año.
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