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La Procuraduría General del Estado ha solicitado ante el Poder Judicial que la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pague un monto provisional de 200 mil soles como reparación civil en favor del Estado en medio del proceso que se le sigue por haber suspendido las investigaciones Pedro Castillo en enero de 2022.

Luego de que Zoraida Ávalos haya dispuesto la suspensión de la investigación contra el vacado Pedro Castillo por los casos «Puente Tarata», «Petroperú», y «Ascensos en las Fuerzas Armadas», el Congreso de la República realizó una acusación en su contra.

Actualmente, la exfiscal de la Nación afronta una investigación como presunta autora contra la administración pública, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado. Además, el Parlamento la inhabilitó de ejercer el cargo público por cinco años.

El procurador adjunto Joel Enrique Córdova rechazó, durante una audiencia judicial realizada la mañana del último lunes, la oposición que presentó la defensa de Ávalos a su pedido de constitución de actor civil en el proceso penal.

«Hacemos referencia de que la conducta de la señora Ávalos no solo ha lesionado un bien jurídico penal como es el correcto funcionamiento de la administración pública, sino también del comportamiento irregular de un funcionario público que atenta contra el prestigio que toda la administración pública debería tener frente a sus administrados», mencionó Córdova Rojas en audiencia.

Ante ello, al defensa de Zoraida Ávalos se opuso al pedido de la Procuraduría para constituirse como actor civil, argumentando que no cumplió con las exigencias de la norma.

En esa línea, Daniel Loli, abogado de Ávalos, solicitó que se le otorgue la oportunidad a la defensa pública del Estado para subsanar su requerimiento.

«La Procuraduría plantea que se ha producido un daño extrapatrimonial y lo cuantifica en 200 mil soles, pero no ha precisado el alcance del daño extrapatrimonial dado que no ha especificado si estamos ante un daño a la persona o un daño moral», dijo la defensa.

Además, refirió que la Procuraduría General del Estado «realizó una copia textual» de la imputación de la disposición de la investigación preparatoria. Dijo que esta estuvo basada en alcances penales y no un sustento de constitución civil.

Por ello, solicitó que se declare fundada su oposición a la constitución de actor civil formulado por la Procuraduría. Finalmente, el juez supremo anunció que resolverá tanto el pedido de reparación civil como la oposición de la defensa y notificará a las partes oportunamente.