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El 16 de agosto, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Atalaya inició investigación preliminar en contra de los representantes legales de la empresa “Negociaciones Forestales Ostua EIRL” y de “Forestal Mendoza EIRL” por presuntamente realizar actividades de deforestación en el territorio de la comunidad nativa de Sawawo sin contar con una licencia o concesión. Además, por instalar un vertedero de residuos también sin autorización.

“De esta manera, la empresa estaría afectando la calidad del medio ambiente, la salud humana y la integridad de los procesos ecológicos”, afirmó Carlos Quispe Dávila, Especialista del Programa Derechos y Justicia Ambiental de la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

La Fiscalía representada por el fiscal Raúl Huaroc Pocomucha inició investigación por la presunta comisión de los delitos contra los bosques o formaciones boscosas en su forma agravada (artículo 310-C, inciso 1 del Código Penal); incumplimiento de las normas relativas al manejo de los residuos sólidos (artículo 306); y, sobre la responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas en agravio del Estado peruano (artículo 314-A).

“La intervención de la Fiscalía se produce luego que la Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral del Yurua – Yono Sharakoial presentara una denuncia en contra de las empresas Forestal Mendoza EIRL y Negociaciones Forestales Ostua EIRL al evidenciar que la empresa inició labores en una carretera que empieza desde Sawawo hasta la Comunidad Shahuaya. Dicha actividad está causando impacto negativo en los bosques de la comunidad, como la pérdida de árboles y animales que habitan en los mismos”, comentó Quispe.

El representante de DAR, alertó también que “actualmente los miembros del Comité de Vigilancia y dirigentes de la comunidad de Sawawo se encuentran amenazados por los operadores de las maquinarias en caso sigan impidiendo que pasen por su territorio”.

Problema recurrente

Según el registro sobre situaciones de riesgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Ucayali es una de las regiones que registra un incremento en el número de amenazas y ataques en contra de personas defensoras ambientales, principalmente debido al desarrollo de actividades ilícitas que afectan los territorios de los pueblos indígenas, tales como el narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de tierras, el cultivo ilícito de hoja de coca, entre otros.

Para enfrentar este problema, desde el Estado se han realizado importantes avances tales como la aprobación del Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y la puesta en marcha de una Red de Alerta Rápida anunciada en una reunión de alto nivel realizada en la ciudad de Pucallpa el 14 de mayo de este año.

Sin embargo, según advierte Quispe Dávila, existen obligaciones que aún no han sido cumplidas como la aprobación de un Protocolo de Actuación para la implementación de las medidas de protección o medidas de urgente protección que son otorgadas por el MINJUSDH, y que estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú, conforme lo establece la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 004-2021-JUS.

“Las acciones implementadas aún no cuentan con la efectividad esperada y los casos incrementan como lo refleja la denuncia presentada por la comunidad nativa Sawawo Hito 40, ubicada en el distrito de Yurúa, Provincia de Atalaya, Ucayali, en la frontera con Brasil”, apuntó Quispe.

Al respecto, la asociación DAR hizo un llamado a las autoridades competentes para que se articulen acciones inmediatas para la mitigación del riesgo. Asimismo, exhortó a la Fiscalía a actuar con la celeridad para realizar las investigaciones.