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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó este jueves 10 de agosto a la Corte Superior de Justicia de Loreto la inmediata detención de Lucas Pezo Amaringo (41), procesado por violación sexual a su hijastra de 11 años.

En su mensaje, resaltaron que el hombre, de 41 años, pese a la gravedad de la acusación en su contra, se encuentra libre con comparecencia restringida.

“El MIMP insta a la Corte Superior de Justicia de Loreto a disponer de inmediato la detención preliminar de Lucas Pezo Amaringo (41) procesado por violación sexual a su hijastra de 11 años. A pesar de la gravedad de la acusación, se encuentra libre con comparecencia restringida”, señala la institución a través del mensaje difundido en su cuenta oficial de Twitter.

La institución recordó que la Ley 30364 dispone que el Poder Judicial actúe con diligencia en casos de violencia. “La Ley 30364 dispone que el Poder Judicial actúe con diligencia en casos de violencia, considerando el interés superior de la niña y garantizando su acceso a la justicia, lo que no ha sucedido hasta la fecha”, añade.

¿DE QUÉ TRATO EL CASO MILA?

‘Mila’ es el seudónimo de una niña, que desde los 7 años, ha sufrido contantes abusos sexuales por parte de su padrastro. Y ahora, que tiene 11 años, la menor quedó embarazada y actualmente cuenta con 17 semanas de gestación. 

Pese a la gravedad del caso, una junta médica del hospital regional de Loreto se negó realizarle un aborto terapéutico. Ante esta situación, la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la situación de la menor. 

“Para garantizar el derecho a la salud, incluidos los derechos sexuales y reproductivos y a la vida de la niña (…) instamos a las autoridades correspondientes reconsiderar la decisión de negarle el acceso al aborto terapéutico y garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual este derecho —con procedimientos seguros y pertinentes a su edad— y dentro de las 22 semanas de gestación que establece el protocolo de este procedimiento médico”, indica el comunicado.

“Pedimos al Estado que, a través de los sectores correspondientes, les asegure el acceso a servicios de salud física, acompañamiento en salud mental, y cuidado en un espacio familiar que les permita restituir sus derechos a la educación y a una vida libre de violencia para que puedan tener un desarrollo integral”, agrega.