Nueve individuos, incluidos tres policías, fueron detenidos por la Nación Wampís debido a su presunta participación en actividades de minería ilegal. El Poder Judicial ordenó la detención de los policías que presuntamente resguardaban embarcaciones que transportaban maquinarias para la minería ilegal.
El Juez del Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Río Santiago y el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez Antúnez, informaron sobre la detención preliminar ordenada por el Ministerio Público y destacó que el propósito de la comisión no fue la liberación de los detenidos, sino su detención y la posterior realización de investigaciones.
El encuentro entre el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y la Comisión de Alto Nivel, que incluyó al viceministro Santiváñez, se llevó a cabo tras la intervención a los nueve individuos acusados de transportar maquinaria para actividades de minería ilegal. La detención de estas personas se logró con el apoyo de representantes de la Fiscalía, y ahora se encuentran bajo detención preliminar mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.
Los policías detenidos, identificados como Alex Maco Vilcherrez, Issac Rosillo Palacios y Richard Rengifo Pérez, podrían enfrentar consecuencias disciplinarias internas de la Policía, incluida la posibilidad de ser pasados al retiro, de acuerdo con la Ley de Régimen Disciplinario.
Además de abordar el tema de las detenciones, durante el diálogo se acordó establecer una presencia permanente del Estado en la comunidad, con el objetivo de impulsar actividades económicas legales que ayuden a apartar a los miembros de la comunidad de la minería ilegal. Se planea desarrollar un programa de activación económica en Lima, en el que participarán dirigentes de la comunidad, con el fin de reemplazar las actividades ilegales y revitalizar la economía local.
También se discutió la presencia policial en la comunidad, coordinando con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), que tiene bases cercanas. Se pretende ceder instalaciones del Sernanp a la Policía Nacional para que puedan controlar las embarcaciones que ingresan a los ríos de Morona y Santiago y tomar medidas de intervención.
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