Pueblos indígenas en pie de lucha por modificación de Ley APCI: aquí los detalles

Las organizaciones indígenas nacionales del Perú alzan su voz de protesta contra la modificatoria de la Ley N° 27692 (ley que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI) y una serie de iniciativas legislativas que amenazan directamente sus derechos y autonomía. En una conferencia de prensa, realizada el 18 de marzo, denunciaron que el Estado busca restringir su acceso a la justicia y desconocer sus estructuras organizativas, lo que debilita su capacidad de defensa y los coloca en un estado de mayor desprotección.

A esta iniciativa la han denominado ‘Ley Mordaza’ porque consideran que las nuevas restricciones que impone busca silenciarlos y criminalizarlos por defender los derechos humanos. Ello debido a que afecta directamente a los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas, pues el Estado no reglamenta el reconocimiento de estas últimas. Ante ello, se han visto en la necesidad de formar asociaciones civiles y, a través de ellas, solicitar los recursos de la cooperación internacional para defender e implementar el acceso y promoción de sus derechos, los mismos que son negados por el propio Estado, con más fuerza en un contexto en el que el avance del autoritarismo los restringe cada vez más; así como gestionar los recursos para la defensa de sus territorios.

Además, en una grave violación a los derechos, el Congreso ha prohibido el uso de los fondos de la cooperación internacional para la interposición de acciones contra el Estado peruano, por lo que, si se aprueba esta ley, se paralizarán más de 30 procesos judiciales impulsados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en defensa de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). 

También se verán afectados los casos de líderes indígenas asesinados que no han encontrado justicia en el Perú, pues los pueblos indígenas no podrán recurrir a instancias internacionales. La impunidad se fortalecerá, dejando en el olvido los crímenes contra las víctimas que dieron su vida en defensa de sus territorios.

Por su parte, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) advirtió que no podrá continuar con sus peticiones de consulta previa sobre proyectos mineros que afectan directamente sus territorios y tampoco podrán cuestionar leyes en discusión en el Congreso. En resumen, muchos casos judicializados quedarán bloqueados o no podrán continuar con esta modificatoria.

“No nos preocupa esta ley porque el flujo de la cooperación internacional llegaría con controles a las organizaciones indígenas, sino porque esta modificación de la ley APCI constituye para nosotros una mordaza: buscan callarnos, debilitarnos y allanar el camino, a través de esta norma, para que las grandes empresas lleguen al territorio de los pueblos indígenas y puedan explotar nuestros recursos sin control. Esta norma busca que al Estado no se le fiscalice, no se lo critique, no se le judicialice, que no ejerzamos nuestro derecho a la protesta. Y cuando el Estado vulnera derechos colectivos fundamentales, esta ley impediría denunciar, para que los pueblos indígenas sean asesinados, sean vulnerados. Esto es muy grave”, manifestó el apu Jorge Pérez, presidente de AIDESEP.

Asimismo, alertó que esta normativa impulsada por el Congreso es inconstitucional por no haber sido sometida a consulta previa, por lo que exigió al Ejecutivo que la observe. “De lo contrario, acudiremos a instancias internacionales”, dijo.

La Confederación Nacional Agraria (CNA) consideró que esta ley forma parte de una estrategia de represalia contra los pueblos indígenas porque en el pasado lograron anular leyes inconstitucionales mediante litigios. «Quieren desaparecer nuestras organizaciones, acusándonos de delitos inexistentes», denunció el representante de la CNA, Antolín Huáscar.

La Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) destacó la contradicción del Estado: mientras promueve leyes contra los pueblos indígenas no sanciona los crímenes ambientales que destruyen sus territorios. «Protegemos el agua, las semillas y ahora quieren invadir nuestros territorios sin nuestro consentimiento», advirtió su presidenta, Lourdes Huanca.

Asimismo, ONAMIAP alertó sobre la intención del Gobierno de debilitar sus organizaciones representativas. «Si el Ejecutivo no observa esta ley, tomaremos medidas de acción directa. No permitiremos que sigan vulnerando nuestros derechos a la vida, al territorio y a la consulta», señaló la institución.

“Se oye que esta modificatoria es una ley anti-ONG, pero no solo afectaría a las ONG sino a nuestras organizaciones indígenas, que venimos organizándonos con el único objetivo de hacer respetar nuestros derechos. En otros países, las federaciones y las organizaciones nacionales tienen un respaldo y se les asigna un presupuesto para que puedan gobernar su autonomía, pero en nuestro país no pasa eso y tenemos que recurrir al apoyo de la cooperación internacional. Además, esta ley ha sido aprobada sin respetar el proceso de la consulta previa a los pueblos indígenas, por lo que es inconstitucional”, explicó Danitza Quispe, dirigenta de ONAMIAP.

En tanto, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) enfatizó que la cooperación internacional ha asumido funciones que debería cumplir el Estado en la protección de los pueblos originarios. «El Estado no nos protege; en cambio, criminaliza nuestras luchas y busca desarticular nuestras estructuras comunitarias», precisó a través de un video el presidente de CONAP, Oseas Barbarán.

Desde la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) advirtieron que esta ley fomenta la impunidad estatal, permitiendo la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. «Es una renuncia del Estado a su obligación de proteger la libertad y la paz de nuestros pueblos. Constituye un paso más hacia la dictadura legalizada», declaró el representante de UNCA, Edwin Gutiérrez.

En los últimos años, las organizaciones indígenas lograron precedentes históricos en la defensa de sus derechos, como la sentencia EXP 08243-2017, que obliga al Congreso a cumplir con la consulta previa legislativa, y la sentencia 00007-2022-PI/TC del Tribunal Constitucional, que derogó una ley por falta de consulta. Si la ‘ley mordaza’ estuviera vigente, estos logros no habrían sido posibles, dejando en total indefensión a los pueblos indígenas frente a los atropellos de los gobiernos.

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