Manuel Merino, en su calidad de expresidente de la República, podría recibir una pensión vitalicia que asciende a 15,600 soles. Asimismo, dispondría de varios privilegios al término de su labor parlamentaria.
Junto a la pensión, Merino contaría con un vehículo, un chofer, cuatro agentes de seguridad, pago en efectivo de galones de gasolina, un seguro de salud y protección de antejuicio durante cinco años después de finalizadas sus funciones.
La Ley N° 26519 de 1995 establece que todos los expresidentes constitucionales gozan de una pensión equivalente a los ingresos de un congresista en actividad. El derecho queda suspendido si el Congreso formula una acusación constitucional contra el expresidente.
«Es una de las salidas que se plantea para este caso por los evidentes hechos contrarios a la Constitución que se dieron bajo el corto mandato de Merino», señala el abogado Edward Dyer.
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