En medio de la masiva renuncias de conductores en las empresas de transporte público por la ola de crímenes por parte de extorsionadores, el Gobierno anunció la adquisición de 40.000 cámaras de videovigilancia que serán instaladas en 8.000 unidades en un plazo máximo de 30 días. La medida se dará en colaboración entre el Gobierno Central y la Municipalidad de Lima.