Instalaciones deportivas deterioradas y el desafío del IPD: ¿Está preparado para la tarea?

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) ha sido elegido para asumir la administración de los recintos deportivos de alta competencia del país, en un contexto controversial que involucra la desaparición del Proyecto Especial Legado. Este proyecto, creado tras los Juegos Panamericanos Lima 2019, fue responsable de gestionar y mantener las instalaciones utilizadas durante el evento. A partir de ahora, el IPD se hará cargo de estas infraestructuras, incluyendo complejos deportivos y estadios, con un presupuesto considerable de 140 millones de soles anuales.

Sin embargo, la transición no será sencilla. El IPD se encuentra con varias instalaciones en mal estado, como un colegio deportivo en La Victoria que presenta una piscina vacía y una pista de atletismo deteriorada. Además, otras sedes del IPD, como en Ica, enfrentan problemas similares de infraestructura, con techos dañados y falta de mantenimiento adecuado. Estas condiciones representan un desafío importante para la nueva administración, que deberá garantizar la correcta operación y reparación de los complejos deportivos.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE ELIMINEN LEGADO?

El 12 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que extingue el Proyecto Especial Legado, lo que ha generado críticas y preocupación entre algunos actores clave. Amalia Moreno, exsecretaria de los Juegos Panamericanos, cuestiona la validez del decreto, señalando que aún existe una necesidad de mantenimiento y operación en las instalaciones. Además, expertos temen que el IPD no tenga la capacidad administrativa ni técnica para manejar las infraestructuras de alta complejidad que ahora están bajo su responsabilidad.

Con la absorción de Legado, el IPD enfrenta un reto enorme, tanto en términos de capacidad administrativa como en la mejora de las condiciones de las instalaciones. Federico Tong, actual presidente del IPD, ha asegurado que la institución está tomando medidas para mejorar sus infraestructuras y afrontar el desafío de los Juegos Bolivarianos y Panamericanos. Sin embargo, algunos expertos sostienen que el gobierno debe garantizar que el IPD cuente con los recursos y la capacidad necesaria para cumplir con su nueva responsabilidad y evitar que los deportistas se vean perjudicados.