La Ley N° 31595 fue aprobada el 28 de octubre del 2022 y el Ejecutivo tenía 90 días de plazo para reglamentar dicha medida. Sin embargo, ha pasado más de 400 días. Latina Noticias buscó la versión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero prefirieron no responder.
Por Maria Elena Mamani
Lima ha sido reconocida como una de las ciudades con mayor índice de tráfico en el mundo y todos los peruanos lidian con ello a diario. Pero el caos no solo se ve en el suelo de Lima, sino también en el cielo gris, pues casi la mayor parte de las zonas urbanas está llena de telarañas de cables, los cuales generan malestar en los ciudadanos, quienes incluso se han enfrentado a la presencia de ratas que ingresaron a sus domicilios, poniendo en riesgo su salud.
Esta realidad se replica en todo el país. Es por ello que, tras varios años en busca de la reglamentación de una ley que permita liberar el espacio aéreo de cables, el 2022 se aprobó la Ley N° 31595, «Ley que promueve la descontaminación ambiental y establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las zonas urbanas del país», propuesta por el congresista Héctor Acuña. Dicha medida le daba al Ejecutivo 90 días de plazo para establecer fechas y alcances. Esta tarea de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) fue delegada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); sin embargo, ha pasado más de 400 días y aún no hay respuesta.
El equipo Multiplataforma de Latina Noticias se puso en contacto con los protagonistas del caso, entre ellos, MTC y encontró que hasta el momento la reglamentación sigue estancada. Acuña, en declaraciones exclusivas para este medio, afirmó que desde la cartera dirigida por Raúl Pérez Reyes, le prometieron que a más tardar, el 15 de marzo, se emitirá la documentación oficial en el diario El Peruano.
La Defensoría del Pueblo señala que mantener gran cantidad de cables aéreos en desuso y en mal estado han generado accidentes en varios lugares, lo cuales han comprometido la vida de los ciudadanos.
Hicimos un recorrido en el Cercado de Lima, cuya vista desde la avenida Abancay nos avisora que el panorama aéreo es de terror y así lo confirmamos. El cielo de los jirones Huallaga, Santa Rosa, Huancavelica, Tacna, Santa, Amazonas y Cusco, hacia el lado de Mesa Redonda, son un reflejo fiel del desorden y la falta de reglamentación del retiro de cables aéreos.
Cerca al MTC, en el distrito de Breña, encontramos un panorama similar. Ingresamos al domicilio de una vecina afectada y cansada por todo lo que ha tenido que vivir desde que los cables comenzaron a acumularse a menos de 10 centímetros de su ventana.
«Así como pasan las ardillitas en algunos cables, aquí pasa un roedor […] Menos mal, yo estaba con la ventana cerrada, pero ellas tenían la ventana abierta y ahí fue donde se metió el roedor. Era una rata», aseguró una vecina de Breña.
Lo que para unos es algo cotidiano y tranquilo, para otros es una decisión difícil. El simple accionar de abrir la ventana del cuarto que da a la calle y chocar con los cables. Una vecina de Breña tiene que empujar los cables con la mano para que el vidrio se abra casi por completo, pues en una parte le es casi imposible competir con la fuerza de los cables. Pero no es solo eso, ya que el viento no ingresa solo, pues trae consigo roedores, heces de aves y polvo.
«Nos arriesgamos porque tenemos que estirarnos para poder amarrar el cable y alejarlos de nuestras ventanas», indica Hilda, una vecina que incluso se ha visto tentada a cortar los cables aéreos que rozan con su ventana.
Hace algunos meses se aprobó la Ley N° 31595, que buscaba eliminar el cableado en desuso y mal estado a nivel nacional. Sin embargo, la esperada transformación urbana se ha visto retrasada. La PCM, responsable de determinar la aplicación de la ley, derivó la tarea al MTC, quien a su vez ha extendido el plazo de 90 días a más de 400 días, es decir, casi 18 meses y sin dar explicaciones.
Solo en el Centro Histórico de Lima se han retirado 17.3 toneladas de cables en desuso desde el 2019, y en lo que va del 2024 se han retirado 666 kilos en 34 cuadras. Cabe resaltar que dicho retiro concierne a otra ley. La Defensoría del Pueblo ha identificado otras regiones con gran cantidad de cables inservibles.
«Lima, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Puno y en diversas regiones que hasta el momento no tienen un cableado soterrado», puntualizó Evonny Gómez, especialista de la Defensoría del Pueblo.
Gómez sostiene que ya se han registrado muertes por la exposición de cables en la temporada de lluvias al norte del país, pues las pistas estaban con agua empozada, haciendo contacto con los cables.
«Ya han sucedido problemas graves por tocar un cable de telecomunicaciones que puede ser energizado por uno de electricidad. No olvidemos que estos cables coexisten entre sí, están muy cerca, enmarañados y esto puede ocasionar tragedias como ya ha ocurrido inclusive en el fenómeno Yaku en Lambayeque», aseguró la funcionaria de la Defensoría.
De acuerdo al congresista Héctor Acuña, autor de la Ley N° 31595 son las empresas privadas quienes serán las responsables de costear el retiro del cableado.
La eliminación del cableado en desuso es una necesidad para mejorar la seguridad, el ornato y la calidad de vida en las ciudades. Aunque la espera se ha hecho larga, la esperanza de un futuro con un paisaje urbano más limpio y seguro sigue viva.
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