Luego que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció hace algunos días que la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, prevista para el próximo 30 de marzo, se suspendía por tercera vez, un informe de la Contraloría general de la República revela que existirían 32 situaciones adversas en esta obra.
Según el documento N° 3568-2025-CG/GCMEGA-SOP, cuya elaboración se dio producto de un operativo de control en simultáneo entre el 19 de febrero al 12 de marzo de este año, el MTC no habría evaluado el cumplimiento de las obligaciones del concesionario para la obtención de todas las licencias, permisos y/o autorizaciones que se encuentran pendientes de obtención a la fecha.
Otro punto que se destaca en el informe de la Contraloría es que el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no cuenta con la cantidad mínima de vehículos y desfibriladores, según lo establecido. Además, no tendría la cantidad mínima de bomberos. «Esta situación podría afectar la atención oportuna ante una emergencia, en desmedro de la seguridad e integridad de los usuarios», se menciona.
La entidad fiscalizadora hace notar también que, durante su supervisión al que será el terminal aeroportuario, halló que no se cuenta con el piso podotáctil del tipo alerta que adviertan el cambio de nivel al final de las rampas y la altura (0.9 m) de los mostradores de atención al público de migraciones para personas con movilidad reducida no cumplen con la altura establecida.
«Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no cuenta con un plano háptico exigido en la normativa aplicable para las edificaciones de atención al público que cuenten con un aforo mayor a 500 personas, por lo que, los mencionados ambientes no cumplen con las disposiciones establecidas», añade.
La Contraloría informa en su documento que «los paraderos públicos del servicio expreso para transporte de pasajeros hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, no cuentan con las condiciones necesarias para su puesta en funcionamiento y algunos no se encuentran habilitados; lo cual pondría en riesgo el acceso al servicio y la integridad física de los usuarios del transporte público y transeúntes».
Adicionalmente, se agrega que las rutas del servicio expreso para el transporte regular de personas hacia este terminal no se se encuentran emitidas por la Subdirección de Servicio de Transporte Regular de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), lo cual pone en riesgo la puesta en marcha del servicio.
En otra parte se detalla que los sardineles prefabricados ejecutados que serán parte del servicio de conservación de la Av. Morales Duárez, así como del servicio de instalación de puentes modulares provisionales no cumplen con lo establecido en los términos de referencia.
“Puentes modulares recibidos y con Contrato liquidado mantienen deficiencias constructivas en el pavimento, las barreras tipo new jersey y la reposición del enrocado; además, la pintura utilizada en la señalización no cumple con los estándares de calidad ni con los controles exigidos contractualmente; deficiencias que podrían afectar la vida útil del pavimento, la estabilidad de los puentes y la seguridad de los usuarios del nuevo terminal de pasajeros», anotan.
Tras la publicación de esta información, Lima Airport Partners (LAP) emitió un comunicado indicando que el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuenta con 2 estaciones de rescate, «totalmente equipadas conforme a la Regulación Aeronáutica Peruana (RAP 314)».
«El personal de rescate se encuentra distribuido en ambas estaciones (Principal y Satélite) para la atención oportuna de emergencias. Respecto a los equipos, se cuenta con 3 desfibriladores, 4 vehículos de emergencia y 1 vehículo para transporte de material peligroso, superando incluso lo establecido con las normativas vigentes», se lee.
Además, en cuanto a los espacios destinados a entidades públicas del Estado, la empresa asegura que todos los espacios entregados a dichas instituciones cumplen con lo establecido en el Contrato de Concesión. LAP precisa que desde el 2019 mantienen «una coordinación cercana y constante con todas las entidades estatales que participan en el aeropuerto, revisando junto a ellas los requerimientos técnicos para la habilitación de sus espacios».
Asimismo, resaltan que semanalmente han venido informando del estatus al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán). «Tal es así que hemos comunicado oportunamente la aprobación progresiva de los permisos necesarios para la operación del aeropuerto, lo cual involucra las gestiones a cargo de LAP y de terceros como establecimientos comerciales, aerolíneas, entidades públicas, entre otros».
«Cabe precisar, que para el caso de los permisos de terceros (incluidas las entidades públicas), estos son responsables exclusivos de su obtención; sin embargo, a la fecha la mayoría de ellos han obtenido sus licencias, permisos y/o autorizaciones satisfactoriamente. En este proceso, LAP viene acompañando y apoyando permanentemente en el trámite de su gestión», puntualizó la empresa.
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