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Luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cursara una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el Parlamento Nacional, la defensa legal del congresista Guillermo Bermejo hizo lo propio, pero en contra de la titular del Ministerio Público.

En efecto, los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio cursaron la misma por el presunto delito de prevaricato que, según el código penal, es sancionado con una pena máxima de 5 años de cárcel. ¿La causa? Patricia Benavides habría violado el art. 117º de la Constitución Política del Perú.

De acuerdo a lo señalado, “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral».

Por ello, sustentaron su pedido alegando que la mencionada autoridad interpuso una denuncia que no se enmarca en ninguna de las causales expuestas, previamente, en el art. 117º. «De esta forma, la fiscal de la Nación pretende que se desconozca lo prescrito por nuestra Carta Magna», refiere el documento.

Patricia Benavides: Hay indicios de la existencia de una organización criminal

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, remarcó que el mandatario Castillo Terrones sería el presunto líder de una organización criminal que busca copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones del Estado.

Para Benavides, la investigación reveló que otros miembros de esta presunta red criminal son los exministros Geiner Alvarado y el prófugo Juan Silva, así como el exgerente de Petroperú, Hugo Chávez. Los delitos que se les imputan son los de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos Puente Tarata, Petroperú, MTC y Ministerio de Vivienda.

“La suficiencia de los indicios que sustentan la decisión se expresa en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos claves, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales”, añadió.

La fiscal aseveró que la presunta organización criminal ha desplegado “una constante y feroz obstrucción a la justicia”, expresada en una constante amenaza al trabajo del Ministerio Público y del Equipo Especial de Fiscales y la Policía, así como el amedrentamiento contra la propia Benavides y su familia.