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El primer ministro Gustavo Adrianzén cuestionó la denuncia interpuesta por organizaciones de derechos humanos contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Países Bajo), por las muertes registradas de personas durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023 que son materia de una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación.

“El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual el Perú es parte, tiene jurisdicción sobre los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Esta denuncia sostiene que la presidenta habría cometido crímenes de lesa humanidad, una acusación que examina hechos como asesinato, exterminio, encarcelamiento, tortura, violación sexual y otros graves delitos”, dijo Adrianzén a los medios de comunicación.

“La sola condición de ataque generalizado y sistemático no se ha presentado y, en consecuencia, en mi opinión, descarta de plano la posibilidad de que esta denuncia pueda ser acogida por la CPI”, agregó el premier que mostró su confianza en que el tribunal internacional de justicia no admita a trámite la demanda contra Boluarte Zegarra.

ENVIARÁN COMITIVA DE ALTO NIVEL

De otro lado, el titular del Consejo de Ministros reveló que enviarán una comitiva de alto nivel a La Haya para que informe a los integrantes de la Corte Penal Internacional para informarles sobre la posición del Estado peruano ante la denuncia contra la presidenta Boluarte.

“Estamos haciendo las primeras coordinaciones para que, en breve, una comisión de alto nivel concurra a La Haya con el propósito de entrevistarse con las autoridades competentes de este alto tribunal y presentar preliminarmente la posición del Estado peruano respecto a estos hechos. Confiamos en que esta información sea suficiente para que esta denuncia sea rechazada de plano y no se admita”, apuntó.

¿EN QUÉ CONSISTE LA DENUNCIA CONTRA BOLUARTE?

Latina Noticias accedió a detalles de la denuncia que representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) presentaron este martes 25 de junio ante la Corte Penal Internacional contra la presidenta Dina Boluarte.

«Los eventos ocurridos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 evidencian que en ese período se cometieron múltiples actos de asesinatos e intentos de asesinatos contra una población civil. Durante estas fechas sufrieron asesinato en Perú, principalmente en la zona sur del país, 49 personas – con por lo menos 155 víctimas de lesiones graves, las cuales consideramos como intentos de asesinatos, en un contexto de casi mil heridos –, lo cual satisface el “umbral cuantitativo” requerido por el Estatuto», se lee en el documento.

Además, las organizaciones de derechos humanos mencionan en su demanda que «mediante los planes de operaciones ya descritos, emitidos en el marco de Decretos de Emergencia, se llevaron a cabo operativos de la Policía y/o el Ejército, que partieron de un supuesto que las manifestaciones estaban cooptadas por terroristas y actores violentos».

«La mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes pobres, quienes eran estudiantes o tenían trabajos como albañil, vendedor, taxista, o trabajador en sectores de agricultura, minería, o construcción […] Los manifestantes fueron tildados como terroristas abierta y públicamente por autoridades del estado, lo cual evidencia que este ataque se dirigió “contra” una población civil de manifestantes o personas percibidas como tal – personas consideradas como peligrosas o una amenaza por las autoridades», añaden.

Dentro del reporte también se enfatiza que Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca son tres casos emblemáticos sobre la respuesta del Estado peruano ante la ola de manifestaciones que se registraron tras la asunción de Dina Boluarte por el fallido autogolpe de Estado que el expresidente Pedro Castillo quiso ejecutar en diciembre del 2022.

De otro lado, la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional también menciona que hubo presuntas acciones desplegadas de las fuerzas del orden para obstruir las investigaciones de la Fiscalía de la Nación sobre las muertes en las protestas antigubernamentales.

«Primero, se entregó información opaca sobre las operaciones en las que personas resultaron muertas, particularmente acerca del uso de municiones por parte de la Policía o el Ejército […] Respecto al Ejército, también existen alegaciones que se ha ocultado u omitido información. […] Luego de los asesinatos, en algunos casos, hay familiares de víctimas que fueron acosados con el fin que evitaran presentar denuncias penales», se indica.

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