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La Defensoría del Pueblo criticó la propuesta del Congreso para aumentar a cuatro años el delito de difamación agravada en medios de comunicación. Esta norma se aprobó el último jueves 4 de mayo, en primera votación, con 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones.

Esta iniciativa ha sido considerada como peligrosa por distintos gremios de prensa y derechos humanos. La Defensoría se adhirió a esta postura y señaló que representa una «carga y amenaza» sobre la libertad de expresión.

«Los temas del honor, la buena reputación, la intimidad de las personas son cosas que hay que proteger, pero el hecho de que puedan ser procesados ya es una amenaza que genera que la persona ya no se sienta libre de dar a conocer una información», mencionó Alberto Cruces, adjunto en Asuntos Constitucionales.

El proyecto ha recibido el respaldo de parlamentarios de izquierda y derecha, a quienes se les involucra en polémicos temas. Es el caso de Rosío Torres, María Cordero y Katy Ugarte, las denominadas ‘mochasueldo’; así como el grupo de legisladores catalogados como ‘Los Niños’.

«Lo que espero es que mañana haya un amplio debate. Todo aquello que tiene que ver con la difamación no es bueno, sí entiendo a la preocupación de la prensa», expresó José Williams, presidente del Legislativo, sobre la segunda votación que se dará el jueves.

«NO DEBERÍA SER MOTIVO PARA IR A LA CÁRCEL»

Renovación Popular, APP, Acción Popular, Perú Libre y demás bancadas de izquierda apoyaron de manera casi unánime la propuesta. Frente a este escenario, Cruces señaló que para la Defensoría, los delitos de difamación deberían ser procesados en la vía civil.

«Esto no debería ser motivo de que alguien pueda ir a la cárcel, hay formas en que se puede proteger el honor e intimidad de personas, que puede ser a través de una rectificación, de disculpas públicas, incluso de algún tipo de indemnización», afirmó.