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El último 4 de enero se reiniciaron las movilizaciones al interior del país, pero estas no tuvieron el alcance que se estimaba a comparación a las protestas suscitadas en diciembre del año pasado. Sin embargo, en las regiones del sur el clima se tornó más radical, pues en Puno un grupo de personas incendió una caseta de peaje.

Asimismo, de acuerdo a lo manifestado por la presidenta Dina Boluarte y el ministro Jorge Chávez, ya se ha identificado no solo a quienes azuzan a la violencia de la población, sino también a aquellos que puedan financiar estas actividades. Estos últimos estarían ligados al narcotráfico y la minería ilegal.

En esa línea, el titular del Mindef señaló que la Policía Nacional y la Fiscalía vienen trabajando en conjunto para tomar las acciones correspondientes y certificar el libre tránsito. “Las Fuerzas Armadas garantizarán el funcionamiento normal de los servicios públicos, así como la protección de los activos críticos y de la infraestructura estratégica”, apuntó.

Por su parte, Pedro Yaranga, especialista en seguridad estratégica, coincide con el Ejecutivo en que un grupo protestantes, impulsadores de violentas revueltas, tiene vínculos con el Movadef. Además, considera que existen intereses políticos y económicos.

“Durante los casi dos años de gobierno del señor Pedro Castillo, con quienes continuamente se reunía en Palacio de Gobierno, eran dirigentes de estas organizaciones, del Movadef, del Conare, del Fenatep y de la minería ilegal. Todos ellos se han estado preparando por si ocurría algo”, precisó Yaranga a Latina Noticias.