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La ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, dijo que «desde el primer momento» ha estado pendiente del caso de las mujeres que fueron maltratadas por los ronderos de Pataz y que incluso tienen documentación que así lo acredita. 

Esto en respuesta a la Defensoría del Pueblo de La Libertad que dejó entrever una tardía intervención por parte de su sector en la atención de este caso de violencia contra un grupo de mujeres acusadas de hechicería que fueron secuestradas por ronderos de esa provincia a fines de junio.

“No, no creo que haya dicho eso (La Defensoría), no conozco las declaraciones, porque hemos estado con la señora Eliana Revollar en Lima conversando desde el primer momento y también tenemos la documentación de nuestro Centro de Emergencia Mujer en Pataz”, aclaró. 

Con respecto a la investigación que se le sigue a los ronderos de Pataz en el Ministerio Público por el delito contra la libertad, invocó a los abogados de las mujeres que articulen esfuerzos para trabajar una sola estrategia de defensa. 

“Las mujeres también deciden libremente si tienen un abogado o una abogada privada, lo importante es tener una sola estrategia de defensa, por eso también invocó a los abogados o abogadas cuando son privados articulemos juntos, porque creo que lo más importante es garantizar sus derechos y hacer una investigación exhaustiva, rápida, y que se sancionen a los culpables”, declaró a los medios de comunicación. 

¿Qué pasó con estas mujeres?

A fines de junio los ronderos del distrito de Chillia secuestraron a un grupo de mujeres por presuntamente practicar brujería a una anciana de 69 años y haberle provocado la muerte. Las víctimas recibieron crueles castigos físicos: desde látigos en la espalda hasta el caso de una mujer que fue colgada de un pie con una cuerda y sometida a un interrogatorio. 

La madrugada del 12 de junio estas mujeres fueron liberadas por los ronderos y trasladadas a la ciudad de Huamachuco donde recibieron atención de salud. Varias instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y El Ministerio Público condenaron enérgicamente estas prácticas de tortura. Ahora los ronderos implicados enfrentan cargos por el delito de secuestro.