Estas personas, entre ellas siete mujeres y un hombre, estuvieron privadas de su libertad por más de diez días en un caserío del distrito de Chillia y sufrieron torturas físicas.
Siete mujeres y un hombre que estaban retenidos por unos ronderos del distrito de Chillia (Pataz) desde hace más de diez días fueron liberados la madrugada de este martes, informó el Ministerio Público.
Estas personas fueron acusadas de practicar brujería a una anciana de 69 años y de presuntamente haberle provocado la muerte. Habían sido sometidos a varios castigos, entre ellos a un cruel interrogatorio y a látigos en la espalda.
Unos videos grafican los momentos en que una mujer está colgada de un pie con una cuerda, mientras un rondero le pregunta insistentemente y en tono ofuscado: «¿Trabajas en hechicería o no?, ¿trabajas en eso o no?».
En otro video, otra mujer solloza por los hematomas que le infligieron en la espalda. Estos actos fueron condenados enérgicamente por el mismo presidente de la Central Única Regional de Rondas Campesinas de La Libertad, Pablo Haro, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional.
El dirigente ronderil Pablo Haro dijo lo siguiente: “No son, nunca han sido, ni serán propios de una costumbre campesina para sancionar y juzgar”.
Los familiares de las mujeres se negaron a retirar la denuncia, pese a la condición de los ronderos de devolver a las mujeres a cambio de que esa denuncia por secuestro no vaya más y de que puedan abandonar el lugar.
Este condicionamiento fue calificado de inconstitucional por parte del jefe de la oficina defensorial de La Libertad, José Agüero. Del mismo modo, el jefe de la Divincri, Giovanni Osorio, expresó su rechazó a estas prácticas y ahora el Ministerio Público dio cuenta en un comunicado publicado en Twitter que continuará con la investigación por el presunto delito contra la libertad.
Las ocho personas liberadas fueron enviadas a la ciudad de Huamachuco, donde serán evaluadas por personal médico tras estar privadas de su libertad por más de 10 días y de tener restricciones en su alimentación.
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