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Este martes 3 d enero, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante Provías Descentralizado, anunció la nulidad del contrato del servicio de supervisión de la obra «Construcción del puente vehicular Tarata, sobre el río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres, San Martín».

Seguidamente, el sector señaló que la resolución también dispone el procedimiento administrativo sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, según su competencia, y además contra quienes resulten responsables.

De igual manera, la misma precisa que la derogación se basa en «la transgresión a la normativa de contrataciones del Estado», por lo cual se emite opinión favorable en torno a la procedencia de la declaración de nulidad de oficio.

«Declarar de oficio la nulidad del contrato 056-2021-mtc/21 para la contratación del servicio de supervisión de la obra construcción puente Tarata sobre el río Huallaga, en la provincia de Mariscal Cáceres, región San Martín, suscrito entre Provías Descentralizado y el Consorcio Supervisor Tarata», precisa la resolución.

Por último, se establece que se proceda a notificar la resolución al Consorcio Supervisor Tarata, observando lo dispuesto en el artículo 145 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 344-2018-EF y sus modificatorias.

¿DE QUÉ TRATA EL CASO PUENTE TARATA?

El proyecto Puente Tarata lll, cuya finalidad es la construcción de un puente sobre el río Huallaga, fue derivado al consorcio del mismo nombre tras ganar la licitación de más de S/232 millones. Lo extraño del caso es que esta sociedad era asesorada por la empresaria Karelim López, quien, en ese entonces, era una asidua visitadora a Palacio de Gobierno durante la gestión del vacado Pedro Castillo.

Posteriormente, tras conocerse las irregulares maniobras que se efectuaron para que el consorcio obtenga la buena pro, el Ministerio Público halló un depósito de S/ 100.00 en la cuenta bancaria de Alcides Villafuerte Vizcarra, en aquel momento, exgerente de Obras de Porvías Descentralizado.

De acuerdo con lo testificado por un colaborador eficaz, Villafuerte Vizcarra, uno de los exfuncionarios investigados por este caso, habría ordenado a ampliar la fecha de presentación de propuestas con el fin de favorecer al referido consorcio. A cambio, la empresa habría ofrecido una coima del 0,5% del monto total de la obra.