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En entrevista exclusiva con Latina Noticias, la doctora Romina Uribe de Promsex, entidad que ha acompañado a Camila desde el 2017, brindó información sobre el papel de la Fiscalía. “En el caso, lo que cometió fue una atrocidad. Una atrocidad que tuvo repercusiones en el proyecto de vida de Camila”, señaló.

Como se informó en una nota anterior, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó en un fallo histórico que el Perú violó los derechos de la vida y salud de una niña indígena de Apurímac, tras no ofrecerle información oportuna y acceso al aborto terapéutico. 

En su fallo, la ONU insta al Estado peruano a que «despenalice el aborto en todas las situaciones de embarazo infantil, que garantice el acceso seguro al mismo y que se le brinde atención postaborto, en particular en los casos en los que la vida de la gestante se encuentre en peligro y cuando haya ocurrido violación o incesto». 

La doctora Uribe señala que la Fiscalía sentenció a Camila por una situación en la que no fue culpable y que se usó el derecho no para hacer justicia, como se debería, sino para hacer todo lo contrario. También precisó que de la mano de Promsex y otras organizaciones litigantes se pudo llevar el caso a una instancia internacional y así obtener justicia.

“El aborto terapéutico es legal en nuestro país. Es la única causal legal en nuestro país y esa fue la causal que Camila invocó y simplemente no se le dio una respuesta. El Estado no le dijo ni sí ni no”, explicó Uribe. Es precisamente esa omisión, por parte de las autoridades sanitarias y la posición incriminatoria que tomó la Fiscalía contra Camila, en la que se basó el Comité de Derechos del Niño de la ONU, para emitir recomendaciones al Estado peruano.

Además de despenalizar el aborto en casos de embarazo infantil, la ONU insta al Estado a otorgar una serie de beneficios a Camila. Cubrir los costos de sus estudios superiores y brindarle atención médica y acompañamiento psicológico son algunas de las doce recomendaciones según el informe al que Promsex tuvo acceso.

Romina Uribe señala que las recomendaciones emitidas son de obligatorio cumplimiento y que el Estado peruano tiene hasta 180 días para informar cómo va la implementación de las recomendaciones. Finalizó señalando que “el estado en lugar de darle acompañamiento psicológico y facilidades para que supere esa experiencia traumática hizo lo contrario, inició un proceso penal”.

EL CASO

Camila, es el nombre que se le ha otorgado para proteger su identidad. En el 2017, cuando Camila tenía 13 años, quedó embarazada tras ser violada por su padre desde que tenía tan solo 9 años. Durante cuatro años, su progenitor abusaba de ella, acto que Camila tenía que mantener en secreto por las constantes amenazas de muerte que recibía de su padre.

Cuando Camila se enteró de que tenía tres semanas de gestación acudió desesperadamente a un Hospital de Abancay anunciando que no quería tener un hijo de su propio padre. Cada vez que iba a sus controles médicos imploraba esto, pero nunca se le informó de que podía solicitar un aborto terapéutico. Todo esto, mientras su salud se iba deteriorando hasta el punto de pensar en suicidio. 

Con la ayuda de una ONG, Camila solicitó al hospital de Abancay el acceso al aborto terapéutico conforme a la legislación nacional, y también presentó una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo a la fiscal encargada de la investigación penal por violación para que se designara un centro de salud que evaluara su caso. Sin embargo, nunca recibió respuesta del hospital ni de las autoridades judiciales.

Cuando Camila no acudía a estos chequeos, el personal médico acompañado de agentes policiales la buscaban en su casa para presionarla a que continúe asistiendo al hospital. Esto generó una situación de acoso y estigmatización también para su familia.

Tras ser internada debido a fuertes dolores abdominales, Camila sufrió un aborto espontáneo y le realizaron un legrado uterino. De esta manera, Camila fue acusada y condenada por autoaborto sin mayor prueba alguna. Solo se valieron de las constantes peticiones que hacía Camila para no continuar con el embarazado.

La fiscal a cargo del caso juntó a Camila y a su padre en el lugar en donde supuestamente se cometió el autoaborto como parte de las investigaciones del caso, fue acosada por la fiscal encargada de su caso de violación. Asimismo, la investigación se centró en el presunto autoaborto y no en la violación que sufrió Camila.

La fiscalía sentenció a Camila en el 2019 por el delito el autoaborto, sin embargo este fue archivado. Con el acompañamiento de Promsex y otras organizaciones se elevó el caso al Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el 2021, el cual luego de dos años, se resuelve con las recomendaciones que brindó al Estado peruano.

Cabe precisar que el padre de Camila se encuentra recluido cumpliendo cadena perpetua por las violaciones cometidas y las autoridades de salud que no brindaron la información debida a Camila recibieron sanciones administrativas, según señala la doctora Uribe de Promsex. Por su parte, Camila, quien ya es mayor de edad, se encuentra a buen recaudo y con el acompañamiento legal de esta institución.

“Esperamos sinceramente que este caso contribuya a desencadenar cambios estructurales en la legislación y las instituciones peruanas para que las niñas puedan acceder a un aborto seguro, dado el alto riesgo que los embarazos suponen para su salud y su vida», declaró Ann Skelton, Presidenta del Comité de la ONU.