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El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, por ser el presunto cabecilla de una organización criminal. En la carpeta fiscal, se reporta un desbalance patrimonial de más de 6,3 millones de soles.

Este alto monto tendría su principal origen en los presuntos cobros de coimas y cupos a personas que deseaban acceder a los servicios de la Municipalidad de Huancayo y el Gobierno Regional de Junín, cargo que ostentó Cerrón desde 2011 hasta 2014.

La investigación fiscal sostiene que, además de Cerrón, los otros presuntos integrantes de la red criminal serían los congresistas Waldemar Cerrón y Guido Bellido. Asimismo, aparecen su madre, Bertha Rojas, Richard Rojas y Arturo Cárdenas, alias ‘Pinturita’, capturado en abril por la PNP.

Gracias al dinero acumulado por el cobro de coimas y cupos en ambas oficinas, la Fiscalía sostiene que se pudo adquirir el inmueble que funciona como local de campaña de Perú Libre. El monto cancelado fue de 220 mil dólares, pagado en tres armadas.

Sin embargo, para la Fiscalía, se incurrió en el ‘pitufeo‘ para transferir el dinero a la cuenta de donde se pagó el dinero para el local. Entre julio y octubre de 2019, se registraron 122 depósitos en efectivo por ventanilla y agentes bancarios, todos hechos el mismo día y en la misma agencia.

Además, en marzo de 2020, Cerrón retiró de una cuenta que tenía en el BBVA S/ 879.549, los que se colocaron a otra cuenta a su nombre en el mismo banco. El mismo día, el exgobernador de Junín sacó 900.000 soles de esta última cuenta con el fin de «comprar un inmueble», hecho que no ha sido registrado según la investigación.

EL PAPEL DE LOS DEMÁS IMPLICADOS

El dinero ilícito también sirvió para financiar la campaña de Guido Bellido al Congreso, e incluso la de Pedro Castillo rumbo a la presidencia. Todo esto a través de Richard Rojas, jefe de campaña de Perú Libre. Los colaboradores señalan que las marchas de apoyo al presidente se efectuaron con el aporte de los trabajadores del GORE Junín.

Bertha Rojas es sindicada como el testaferro de esta organización. Ella se habría encargado de recibir y transferir diversos montos ilegales en sus cuentas bancarias. Es notoria la adquisición de un departamento en 2018 y el pago de 284 mil soles por el concepto de reparación civil a favor de su hijo Vladimir.