Defensoría exige investigar a red que facilitaba la salida de menores del país tras reportaje de Punto Final
02.11.2026 / 08:46 rcubbin@latina.pe
La Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) a realizar una investigación exhaustiva sobre la presunta organización criminal que habría facilitado la salida irregular de 23 menores de edad a través del aeropuerto internacional Jorge Chávez. El pedido se produce tras un reportaje de Punto Final que reveló la presunta participación de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones, a cambio de pagos de miles de dólares.
En un comunicado, la institución expresó su preocupación por la posible participación de servidores públicos en estos hechos, que podrían exponer a los menores a delitos como la trata de personas.
La Defensoría pidió a ambas instituciones identificar a todos los posibles responsables. A Migraciones le solicitó iniciar las investigaciones administrativas, colaborar con las autoridades y revisar sus mecanismos de control para evitar que estas irregularidades se repitan.
También exhortó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a identificar a los menores que podrían haber sido afectados, evaluar los riesgos que enfrentan, garantizar su protección integral y restituir sus derechos.
En su pronunciamiento, la Defensoría advirtió que una salida irregular no debe considerarse únicamente una infracción migratoria cuando existen indicios de corrupción y participación de redes organizadas.
PAGOS Y DOCUMENTOS FALSOS PARA FACILITAR VIAJES
Según la investigación de Punto Final, la alerta surgió cuando una revisión interna de la Dirección de Operaciones de Migraciones detectó que no aparecían las autorizaciones de viaje de 23 menores. A partir de este hallazgo, agentes de la División Contra el Crimen Organizado de la Dirincri y el fiscal Israel Luna, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, iniciaron las pesquisas.
- Fernández: se habrían encontrado conversaciones sobre el uso de documentos consulares falsos.
- Ponce: sus archivos incluirían fotografías de pasaportes y coordinaciones para concretar viajes irregulares.
Los investigados habrían manipulado registros migratorios, utilizado permisos notariales y documentos consulares presuntamente falsos, y coordinado los turnos de los trabajadores para que determinados funcionarios estuvieran en los módulos cuando los menores pasaran los controles.
- US$ 1.180 por el traslado de una niña de siete años a México.
- S/ 1.140 para permitir que un niño viaje con su madre.
- US$ 300 por la salida de una menor a Colombia.
Entre los trabajadores mencionados figura Willy Loyola Gil, quien en marzo de 2024 habría registrado la salida de un niño de seis años como si viajara con ambos padres, pese a que el progenitor no había vuelto al Perú desde septiembre de 2021. También se investigan otros casos, como el de una adolescente que viajó a Panamá sin que su salida quedara registrada en el sistema.
Las pesquisas involucran, además, a Evenes Francis Fernández Silva, Raúl Abel Ponce Sánchez y Alexander Calderón Ortiz:
El expediente también indica que se habrían pagado: