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Perú

Fiscalía investiga a tres oficiales de la FAP por desaparición de más de 2.300 unidades de material de guerra

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rcubbin@latina.pe
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La Fiscalía Suprema del Fuero Militar Policial inició una investigación preparatoria contra tres miembros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por presuntas irregularidades en el control y destino de armamento y material de guerra almacenado en la Base Aérea Científica de Punta Lobos, ubicada en Pucusana, al sur de Lima. El caso comprende la desaparición de más de 2.300 unidades de material militar.

Los investigados son el coronel FAP John Bonifaz Arista, el mayor FAP Dante Bustamante Enríquez y el técnico de primera en situación de retiro Álex Rosas Limonchi. La investigación fue formalizada mediante la disposición fiscal 139-2026, emitida el 26 de agosto de 2026, a la que tuvo acceso Punto Final.

MÁS DE 230 UNIDADES NO FUERO UBICADAS

Entre 2021 y 2022, el coronel Bonifaz Arista estuvo al mando del Servicio de Material de Guerra de la FAP (SEMAG), dependencia responsable de administrar, custodiar y mantener el armamento de la institución.

Al concluir su gestión, la Dirección General de Logística de la FAP inició una investigación administrativa tras detectar inconsistencias durante la transferencia del cargo. En ese procedimiento se advirtió que más de 2.300 unidades de armas y material de guerra no podían ser ubicadas físicamente.

Sin embargo, los registros sobre las ausencias eran anteriores. Documentos de setiembre de 2021, refrendados por el propio coronel Bonifaz, ya consignaban como no encontrados 98 pirocartuchos PK16 M, utilizados en los sistemas de eyección de asientos de aviones MIG-29; 467 cartuchos PPI Flare Decoy, empleados como bengalas de protección contra misiles; y 83 cohetes antiaéreos Strela M32M.

MATERIAL NO ENCONTRADO HABRÍA SIDO INCLUIDO

La investigación también puso bajo la lupa un curso de demolición de explosivos realizado en octubre de 2022. Según la hipótesis fiscal, durante esta actividad se habría registrado la destrucción de material militar considerado vencido o deteriorado, entre ellos 19 cohetes antiaéreos que meses antes figuraban como no encontrados.

A ello se suma que uno de los oficiales que habría sido consignado como participante del curso, habría declarado que en realidad no asistió. Estas contradicciones llevaron al Ministero Público a considerar que la actividad, que habría sido impartida por el técnico Rosas Limonchi, pudo haber sido simulada.

Otro episodio ocurrió en diciembre de 2022, cuando se habría programado la quema de material que también aparecía como no ubicado en un inventario de mayo de ese año. La actividad finalmente no se concretó, luego de que los involucrados fueran informados de una auditoría a cargo de la organización internacional Norwegian People’s Aid (NPA).

Los tres son investigados por los delitos de desobediencia, información falsa sobre asuntos del servicio y afectación del material destinado a la defensa nacional. La FAP confirmó la existencia de la investigación, pero señaló que no brindaría declaraciones.

El abogado especialista en libertades informativas Roberto Pereyra señaló que, al tratarse de bienes y funcionarios estatales, existe un interés público en esclarecer los hechos. Las diligencias deberán determinar si corresponde solicitar el archivo del caso o formular una acusación para llevarlo a juicio oral.

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