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En medio del escándalo mediático conocido como el «Caso Chibolín», surge otra arista que involucra a Migraciones, la exsuperintendente Roxana del Águila y el futbolista Roberto Siucho. Las autoridades investigan un presunto tráfico de influencias tras descubrirse el expediente administrativo del trámite de renuncia a la nacionalidad peruana del deportista, ahora en manos de la Fiscalía.

La familia Siucho acusa a Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, de haber acelerado el trámite de nacionalidad de Roberto Siucho a cambio de grandes sumas de dinero para “ayuda social”. Según los testimonios, la presión ejercida por Hurtado culminó cuando el futbolista entregó un automóvil BMW, propiedad de su hermana Ana Siucho y su cuñado, el futbolista Edison Flores, como retribución.

El proceso de renuncia de Siucho comenzó oficialmente en diciembre de 2019, pero registros internos de Migraciones revelan que, tras varios días sin movimiento, el trámite avanzó de manera inusualmente rápida en un solo día. Este avance coincide con una reunión entre Siucho, Hurtado y la exsuperintendente de Migraciones, Roxana del Águila, quien, según el testimonio del jugador, facilitó el trámite tras recibir una llamada de Chibolín.

Del Águila ha negado que haya habido irregularidades, asegurando que la rapidez del trámite se debe a su naturaleza electrónica. Sin embargo, el detalle de fechas y acciones en el expediente refuerza la hipótesis de un trato preferencial, situación que ha suscitado interrogantes sobre posibles presiones indebidas y un esquema de tráfico de influencias en la entidad.

Con este nuevo expediente bajo investigación, la Fiscalía abre dos investigaciones contra Hurtado, una de ellas relacionada con lavado de activos. La defensa de Siucho sostiene que sus declaraciones y las de su familia son la “verdad”, y se espera que las conclusiones de las investigaciones fiscales arrojen más luz sobre este controvertido caso.

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