El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, cuestionó hoy al Congreso de la República por tratar de impulsar iniciativas legislativas que buscarían declarar en emergencia y reorganización total al Ministerio Público tras la crisis desatada por las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. En esa línea, exigió a la representación nacional que debatan temas más importantes para el país.
«Yo debo expresar una posición de gobierno muy firme. El Ministerio Público es una institución constitucionalmente autónoma, que se rige bajo los principios de su propia institucionalidad y creo que en lugar de buscar una reorganización o intervención de este organismo, el Congreso debería agendar temas de suma importancia para el país, como la reforma política, las normas que necesitamos para, por ejemplo, repensar el tema de la descentralización», dijo desde Áncash.
«Deberían aprobar la ley de contrataciones y adquisiciones, algo tan sencillo de hacer, e impulsar las normas que favorecen al Perú y que no lo polarizan», agregó.
El jefe de la PCM añadió que el consenso debería primar para no seguir dividiendo el país con proyectos como se gestan desde el Parlamento contra la Fiscalía.
Como se sabe, hay dos bancadas que han presentado sendas propuestas para intervenir la Fiscalía. La primera fue Renovación Popular, donde el legislador Jorge Montoya es el principal promotor. En su documento plantea que haya «el cese extraordinario e inmediato de los fiscales supremos titulares al haber perdido la garantía de su permanencia por inobservancia de su conducta e idoneidad propias de su función».
Una vez que los fiscales supremos sean vacados, ellos serán automáticamente reemplazados por fiscales superiores titulares «en orden de antigüedad en el número señalado por ley, hasta que se elijan a sus respectivos titulares».
Por su parte, Perú Libre también impulsa que suspender al actual fiscal de la Nación en sus funciones, Juan Carlos Villena, así como también a los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.
Tras estos pasos se apunta a la creación de la Asamblea Nacional de Fiscales, donde habrá siete fiscales. De estos, cuatro serán elegidos por los presidentes de las Juntas Fiscales Superiores, mientras los restantes saldrán de las Juntas de Fiscales Provinciales. Todo esto se dará dentro de un plazo de 5 días hábiles.
«La Asamblea Nacional de Fiscales elige a su presidente en el plazo máximo de dos días, de haberse elegido a sus integrantes. En ningún caso, la presidencia excederá de un ario; al término de este periodo, la Asamblea Nacional de Fiscales deberá elegir nuevo presidente», se lee en el documento.
Ante estas propuestas, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, se mostró en contra de las propuestas a las que calificó como «inconstitucionales».
«Busca quebrantar el orden constitucional y democrático con el propósito de volver a los inicios de los años 90 cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público con las consecuencias que todos conocemos», dijo en un video.
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