La mañana de este miércoles 7 de agosto, durante la novena audiencia por el Caso Cócteles, Vicente Silva Checa, uno de los principales implicados, intentó archivar sin éxito los delitos que se le imputan haciendo uso de la conocida «Ley Soto» o «Ley Impunidad», aprobada por el actual Congreso de la República. La defensa técnica argumentó que esta norma fue aprobada por el gobierno en julio y que el mismo Poder Judicial la aplicó en diferentes procesos.
Jorge Jerí Jong, abogado de Silva Checa, expuso en la audiencia el pedido de prescripción de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia, apelando a la Ley 31751. “Varias cortes superiores han estado aplicado la Ley 31751. Es más, la propia Corte Suprema ha estado aplicándola”, señaló.
Cabe precisar que esta norma fue utilizada por el congresista Alejandro Soto Reyes, Martín Vizcarra y Vladimir Cerrón, creándose un precedente para archivar procesos judiciales. El letrado continuó argumentando que el Ejecutivo promulgó una norma que busca ratificar los términos que establece suspender solo por un plazo máximo de un año el conteo de los plazos de prescripción, con la finalidad de lograr el archivo del proceso.
El Tercer Juzgado Penal negó el pedido formulado por la defensa. El Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado aseguraron que la medida es inaplicable cuando uno de los imputados están involucrados en una organización criminal, debido a que los plazos se duplican.
«Este órgano jurisdiccional va a resolver, dado que no se han presentado los plazos señalados de manera extraordinaria, declarar de conformidad a lo que señala el artículo 80 del Código Penal y asimismo el artículo 83 del Código Penal. Se resuelve declarar infundada la excepción de prescripción deducida por los delitos de obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica», resolvieron los jueces.
El Ministerio Público imputa a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de haber recibido dinero de origen ilícito durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016. Sin embargo, la defensa técnica de la hija de Alberto Fujimori aseguró que no lavaron el dinero recibido, pero que sí mintieron a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) al brindarles datos de los aportantes.
El juicio oral comenzó en julio del 2024 y, hasta la fecha, se han realizado ocho audiencias en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. Cabe resaltar que se denuncia que la hija de Alberto Fujimori habría lavado 17 millones de dólares, por lo que además deberán responder otros 46 acusados.
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