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El ministro José Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, amplió su decisión para anular las pruebas obtenidas en el acuerdo de clemencia de Odebrecht, ahora llamada Novonor, en el marco de la Operación Lava Jato. Esta medida incluye a Jorge Henrique Simões Barata, exjefe de la constructora en Perú. La decisión representa un importante revés en las investigaciones vinculadas al escándalo de corrupción que involucró a varios países de América Latina.

La orden, firmada el 20 de agosto, también beneficia a Luiz Antonio Mameri, exvicepresidente de Odebrecht en América Latina. Además, el juez Toffoli instruyó que el gobierno peruano sea informado de que las pruebas enviadas como parte de la cooperación internacional fueron consideradas inválidas en Brasil, lo que implica que ya no se compartirán con el país vecino. Esta decisión podría tener un impacto significativo en los casos de corrupción que se investigan en Perú relacionados con la constructora.

«El examen de los efectos que se deriven de la falta de confiabilidad de los elementos de prueba ahora reconocidos corresponde al juez natural del incidente o a la autoridad administrativa ante la cual se tramite la solicitud de cooperación internacional, y, además, esta decisión se dicta de conformidad con el ordenamiento jurídico brasileño», precisó.

El ministro José Dias Toffoli del Supremo Tribunal Federal respondió a una solicitud de la defensa de los exdirectivos de Odebrecht. Los abogados argumentaron que el caso de los empresarios era similar al de otros acusados en la Operación Lava Jato, cuyos casos fueron anulados debido a irregularidades en las investigaciones. Esto llevó a Toffoli a ampliar su decisión, beneficiando a los exdirectivos Jorge Henrique Simões Barata y Luiz Antonio Mameri.

En septiembre del año pasado, Toffoli había anulado todas las pruebas derivadas del acuerdo de indulgencia de Odebrecht. Estas pruebas respaldaban una serie de acciones penales que se tramitaban en el 13º Tribunal Federal de Curitiba, bajo la dirección del entonces juez Sergio Moro. La decisión del ministro se basó en las dudas sobre la legalidad de las pruebas y en las críticas al desarrollo de las investigaciones.

En su pronunciamiento, Toffoli afirmó que los métodos empleados por el grupo de trabajo Lava Jato, liderado por el exfiscal Deltan Dallagnol, eran ilegales y que las acciones de los involucrados debían ser investigadas adecuadamente. Esta declaración subraya la preocupación sobre las irregularidades en el proceso judicial y ha generado repercusiones significativas en los casos vinculados a la Operación Lava Jato.