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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Perú a la «inmediata derogación y evitar la aplicación» de la ley 32.017, aprobada por el Congreso, que permite la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002.

En un pronunciamiento, difundido el último 3 de septiembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta que pidió al Perú que tome las acciones necesarias para que esta norma no entre en vigencia en el marco del proceso de supervisión de cumplimiento de la sentencia del caso Barrios Altos y La Cantuta.

Incluso, recordó que el Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad de la Fiscalía señaló que esta ley impactaría negativamente en casos como Madre Mía, Soras, Pichari, Ventocilla, Las Gardenias, Chuschi, El Frontón, Pativilca, Comando Rodrigo Franco, entre otros.

Por ello, instaron a los jueces y fiscales del país a que no apliquen esta ley, ya que deben ejercer su independencia y su “deber moral de proteger los derechos fundamentales y la dignidad humana”.

Además, ante la negativa del Estado peruano de acatar la orden, la CIDH recuerda que, de conformidad con el derecho internacional, “no pueden ser aplicadas disposiciones de prescripción para impedir la investigación de graves violaciones a derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o las desapariciones forzadas”.

“Esta obligación, además de haber sido reiterada por los órganos del sistema interamericano, ha sido recogida por la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de la que el Perú es parte”, resaltó.

Cabe recordar que el Congreso de Perú promulgó el pasado 9 de agosto la Ley 32.017, que beneficiaría especialmente a militares y policías, debido a que la ley considera que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigencia en Perú el 1 de julio de 2002, por lo que establece que “nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad” a ese fecha “bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional”.

LEY DE LESA HUMANIDAD: ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE NO ACATAR ORDEN DE LA CIDH?

El último 8 de julio se dio a conocer que la jefa de Estado, Dina Boluarte, y el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, enviaron una carta conjunta a la titular de la Corte IDH rechazando los términos de su resolución y pidiendo que no se inmiscuya en temas que – aseguran – no son de su competencia.

En ese marco, Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, alertó sobre la posibilidad de que el Estado peruano enfrente sanciones de corte moral y, por ende, un «desprestigio internacional» que pueda perjudicar al país económicamente.

«Las categorías de inversión podrían ser mal calificadas respecto al país. Por ejemplo, el Perú busca afiliarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para un mejor desarrollo, pero este tipo de organismos nos negarían la entrada«, explicó.

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