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Desde la clandestinidad, el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi se conectó la sesión realizada este viernes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, para dar sus descargos sobre la denuncia constitucional en su contra que interpuso la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, patrocinio ilegal y cohecho activo específico. En su elución, el exmagistrado intentó acogerse a la Ley 31751, conocida también como la «Ley Soto«, para disminuir a un año el plazo de la suspensión de la prescripción de la acción penal.

INTENTÓ ACOGERSE A LA ‘LEY SOTO’

Hinostroza Pariachi, quien se encuentra prófugo en Bélgica, ejerció su defensa ante la subcomisión debido a que su abogado se encontraba en otra audiencia. Dijo que se «debe declarar la prescripción en el extremo del delito de patrocinio ilegal raíz de la publicación de la Ley 31751«. Su argumento refería a que la sanción es una pena máxima de 2 años, mientras que el plazo de prescripción extraordinaria sería la mitad de esa pena, es decir, un año.

“Con la nueva ley que se promulgó por el Congreso en mayo (de 2023), la mal denominada ‘Ley Soto’ —rechazo totalmente ponerle nombre, pero así está lamentablemente, hay pues (temas) políticos—, sería un año más de suspensión. Son 4 años. El presunto acto de patrocinio ha ocurrido en abril de 2018. Los 4 años han vencido en abril de 2022. Cuando denunció la Fiscalía, ya estaba prescrito. Ha pasado un año y medio que la acción penal ha prescrito y debe en todo caso archivarse el patrocinio”, alegó el exjuez supremo.

Asimismo, exigió que se archive el caso porque, según Hinostroza, hay una confusión porque no se habría configurado los delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico. “Pido que se archive el caso porque hay una confusión. (…) La Fiscalía ya investigó 4 años. ¿Qué más va a investigar? ¿Para someternos a un proceso de 5 años más? ¿A una tortura? ¿Por qué se dio esta ley de prescripción? Precisamente para frenar este tipo de abusos del Ministerio Público y del mismo Poder Judicial”, requirió.