La Contraloría General de la República informó que identificó más de ocho mil problemas que afectan la eficacia de las operaciones policiales y de seguridad pública. Es decir, 8.755 situaciones adversas que van desde la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030), hasta la condición de la infraestructura y los servicios de seguridad.
Los equipos de auditoría inspeccionaron 695 comisarías a lo largo de los 25 departamentos del Perú, además de seis Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional, 26 gobiernos regionales, 176 municipalidades provinciales y 492 municipalidades distritales.
Un análisis detallado reveló que 463 comisarías carecen de alcoholímetros, 536 no tienen radios móviles TETRA, 452 no disponen de escudos protectores, 63 no cuentan con varas de ley, 34 no tienen chalecos antibalas y 18 carecen de grilletes.
Además, se observó que ninguna de las comisarías cumple con el plan de adecuación a la Norma Técnica A.120 sobre accesibilidad universal en edificaciones. Esto significa que un 82% de las comisarías no tienen certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, y un 65% carece de rampas para personas con discapacidad.
Por otro lado, de acuerdo con la Contraloría, el Ministerio del Interior no posee indicadores actualizados ni resultados sobre el avance de la PNMSC 2030 en áreas críticas como la violencia contra adolescentes, la deserción escolar, el consumo de drogas en jóvenes, el trabajo infantil, y las tasas de delitos informáticos y homicidios.
Además, señalan que hay carencias significativas en la gestión de la información sobre seguridad ciudadana, ya que no se cuenta con estudios sobre las principales manifestaciones de inseguridad y violencia, ni con documentos que sistematicen buenas prácticas en esta materia.
El informe también resalta que el Ministerio del Interior no ha desarrollado un plan de adecuación para sistemas de videovigilancia, esencial para establecer parámetros técnicos en bienes públicos y vehículos de transporte. Además, 16 municipalidades que cuentan con centros de capacitación para serenos no tienen la certificación requerida, según la Ley 31297.
Las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP también presentan serias deficiencias. Los auditores encontraron grietas y fisuras en las estructuras, techos en mal estado, equipamiento insuficiente, instalaciones eléctricas defectuosas, y servicios inadecuados en los planteles de: Puente Piedra (Lima), Cusco, Tarapoto (San Martín), Piura, Huancayo (Junín) y Chiclayo (Lambayeque).
Por otro lado, el 23% de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana y el 41% de los Comités Distritales no se reunieron regularmente en 2023. Además, el 35% de los Consejos Regionales, el 20% de los Consejos Provinciales y el 17% de los Consejos Distritales no aprobaron sus planes de acción locales para 2024.
La Contraloría también señaló que el 28% de las municipalidades inspeccionadas no cuenta con servicios de serenazgo, y el 12% de las que sí tienen no los han incluido en sus planes de acción. Además, el 22% no dispone de equipamiento adecuado para sus serenos. En cuanto a videovigilancia, el 54% de las municipalidades carece de cámaras para seguridad ciudadana, y de las que informaron tenerlas, un número significativo de cámaras está inoperativo.
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