La Defensoría del Pueblo ha formulado una serie de recomendaciones dirigidas al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, los jueces constitucionales, la Academia Nacional de la Magistratura, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Policía Nacional del Perú. Estas recomendaciones buscan mejorar la aplicación y tramitación del proceso de hábeas corpus, fortalecer el acceso a la justicia constitucional y garantizar el derecho a la libertad personal de los ciudadanos en contextos de protestas sociales.
El informe destaca varios hallazgos preocupantes. Primero, evidencia que la mayoría de los casos de hábeas corpus tardaron aproximadamente 9 días en ser resueltos desde su presentación, lo cual genera demoras innecesarias para quienes buscan garantizar su libertad personal. Además, se destaca que no se permitió la interposición de demandas verbales, a pesar de que el nuevo Código Procesal Constitucional lo contempla. Asimismo, se señala que los jueces no acudieron al lugar de los hechos, a pesar de las denuncias de detenciones arbitrarias.
Otro punto importante es la falta de información clara y precisa para las personas afectadas al momento de presentar sus demandas de hábeas corpus. Además, se encontraron deficiencias en la plataforma de ingreso de las demandas y la ausencia de intérpretes en lenguas originarias, lo que restringe el derecho de acceso a la justicia para aquellos detenidos que no dominan el idioma español.
En base a estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo ha formulado una serie de recomendaciones dirigidas al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima y los jueces constitucionales de dicha jurisdicción. Estas recomendaciones buscan mejorar las normas y protocolos que regulan el proceso constitucional de hábeas corpus, garantizando así su adecuado ingreso y trámite.
Por otro lado, han recomendado a la Academia Nacional de la Magistratura incorporar capacitaciones sobre el empleo del hábeas corpus en contextos de protestas sociales, crisis política y estados de emergencia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también ha sido instado a promover el acceso de defensores públicos especializados en materia constitucional y procesal constitucional. Asimismo, se exhorta a la Policía Nacional del Perú a informar a los detenidos sobre la posibilidad de interponer la demanda constitucional de hábeas corpus para salvaguardar su derecho a la libertad personal.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado a todas las autoridades mencionadas a implementar estas recomendaciones con el fin de fortalecer el Estado Constitucional de Derecho y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Es fundamental que se respete el principio de autoridad, pero sin menoscabar los derechos y libertades de las personas en el proceso.
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