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Tras las denuncias de Punto Final, la Defensoría del Pueblo ha informado que viene haciendo seguimiento a las acciones adoptadas por las autoridades del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW) y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), por los serios problemas en la prestación del servicio de alimentación escolar dirigido a millones de estudiantes.

De acuerdo a las denuncias, habría ocurrido un incumplimiento de los proveedores responsables de la entrega de los alimentos para la población escolar en instituciones educativas públicas en Lima Metropolitana, así otros problemas en la gestión de dicho servicios, como por ejemplo afectaciones a la salud de estudiantes de Cajamarca y Puno.

«Al respecto, informamos que, a través de nuestras oficinas defensoriales ubicadas en Lima, entre el 9 y 11 de abril se supervisó a 11 instituciones educativas públicas, encontrando que ocho de ellas no habían recibido raciones de alimentos por parte de Qali Warma. Cabe señalar que dos de los planteles supervisados fueron incluidos en uno de los reportajes periodísticos y que la directora ejecutiva del PNAEQW anunció que a partir del lunes 8 de abril se restituiría el servicio de alimentación en las escuelas públicas de Lima Metropolitana», informaron.

No obstante, debido a la gravedad de la denuncia y a los hallazgos de nuestra supervisión, que determinan la afectación del derecho a la alimentación de miles de estudiantes, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, ha solicitado al Ejecutivo evaluar la declaratoria de emergencia el servicio de alimentación escolar brindado por el Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma.

El pedido ha sido dirigido al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, en su calidad de titular de la cartera que tiene a su cargo el referido programa social, a quien se ha exhortado a evaluar dicha medida a través de una evaluación previa de las fallas que viene presentando el servicio.

En efecto, en comunicación dirigida al ministro Demartini, el defensor del pueblo recordó que la Ley 29792, Ley de creación del Midis, establece dentro de sus competencias exclusivas el realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación respecto del desempeño y logros alcanzados por las políticas, planes y programas en materia de desarrollo e inclusión social; así como el deber de Supervisar y evaluar el impacto de las políticas y programas sociales a nivel intergubernamental.

A su vez, el defensor del pueblo recomendó al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, que el requerimiento de declarar en emergencia el servicio de alimentación escolar, planteado por el titular del Midis, sea evaluado y aprobado en el Consejo de Ministros.

Finalmente, a través de un documento dirigido a la jefa de Estado, Dina Boluarte, se ha solicitado a que, una vez debatido y aprobado por el Consejo de Ministros el decreto supremo en el que se declare en emergencia el servicio de alimentación escolar, se proceda a su promulgación oportuna.

Cabe indicar que el derecho a la alimentación comprende la obligación del Estado de proteger a su población contra el hambre, así como el derecho a la seguridad y calidad alimentaria. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo continuará supervisando las acciones que se adopten en torno a esta grave situación que afecta a sectores vulnerables de nuestra población, como son los niños, niñas y adolescentes.