En medio de una intensa controversia, la presidenta de la República, Dina Boluarte, enfrenta un nuevo embate judicial con la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso. Esta acción legal surge tras meses de investigación sobre la presunta recepción de relojes Rolex y otros accesorios de lujo por parte de Boluarte, supuestamente como dádivas a cambio de favores gubernamentales.
La mandataria ha reiterado que dichos objetos fueron préstamos de Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, desmintiendo las acusaciones de cohecho. Este caso tiene implicaciones significativas en el ámbito político y judicial del país.
Según fuentes judiciales, la investigación se intensificó luego de la comparecencia de Boluarte ante el Ministerio Público, donde defendió la naturaleza de los préstamos recibidos y criticó las filtraciones de información a la prensa. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que los relojes y otros obsequios constituyen donaciones ilegales, lo cual podría derivar en sanciones severas.
Hasta el momento, Wilfredo Oscorima ha optado por el silencio frente a las acusaciones, aunque su abogado anticipa que ofrecerá su versión de los hechos próximamente. Con el caso Rolex aún sin resolver, la atención se centra en las próximas declaraciones y pruebas que puedan surgir durante las diligencias judiciales, determinantes para el futuro tanto de Boluarte como del gobernador Oscorima.
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