Por Rodrigo Chillitupa | @RodrigoCT_94
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ordenó este viernes 28 de junio a la Presidencia del Consejo de Ministros, a los Ministerios de Defensa e Interior, a entregar los planes aplicados para afrontar las protestas que se registraron contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Según la resolución judicial a la que Latina Noticias accedió, el juzgado presidido por el magistrado César San Martín sustentó su posición debido a la cantidad de muertos y heridos que dejaron estas manifestaciones. Además, servirá para esclarecer el papel que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tuvieron durante aquellos días convulsos en el inicio de la gestión de Boluarte Zegarra.
«La gran cantidad de muertos y heridos constituye un imperativo para el Estado de llegar a la verdad y definir si lo ocurrido tipifica los delitos objeto de investigación y merecen castigo. Los documentos requeridos, desde esta perspectiva, son pertinentes, útiles y, sustancialmente, imprescindibles para fijar el marco de comportamiento de las Fuerzas del Orden y calificar si lo definido y comunicado ocasionó o contribuyó al resultado fatalmente desencadenado, así como quiénes pudieron estar comprometidos con el resultado de muertes y lesionados graves», se lee en el fallo.
«No se trata de afectar el ordenamiento de las Fuerzas del Orden y la seguridad pública, sino, por el contrario, de esclarecer un hecho grave y determinar qué autoridad o funcionario, civil, policial o militar, intervino en ese marco fáctico, siempre de modo acotado y preciso. La meta del esclarecimiento es de la esencia del proceso penal y, para ello, se necesita contar con esa información», agrega.
De otro lado, la Sala Penal Permanente consideró que la investigación de la Fiscalía de la Nación por las protestas contra Boluarte Zegarra, que se iniciaron luego de asumir el poder por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, podría constituirse en una «posible violación de derechos humanos».
«Es incontrovertible que la investigación del caso se sitúa en el marco de una posible violación de derechos humanos, respecto de la cual el Estado, en esta etapa procesal, está en el deber de esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido. La garantías del debido proceso, tutela jurisdiccional y defensa procesal exigen una actuación efectiva y profunda de lo realmente ocurrido», se menciona.
Aparte de la presidenta Dina Boluarte también se encuentran involucrados sus expremieres Alberto Otárola y Pedro Ángulo, así como los exministros Víctor Rojas, Vicente Romero, César Cervantes (Interior) y Jorge Chávez Cresta (Defensa). Ellos vienen siendo investigados por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en agravio de la sociedad.
Hay que recordar que la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Boluarte y sus exministros ante el Congreso de la República por el presunto delito de omisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud – homicidio calificado durante las protestas.
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