Los exministros de Economía, Mercedes Aráoz Fernández y Luis Miguel Castilla Rubio, participaron en el programa Punto Final, donde abordaron los desafíos que enfrenta la economía peruana, el impacto del déficit fiscal y la creciente inseguridad ciudadana. Además, analizaron las políticas migratorias y comerciales de Estados Unidos y su repercusión en la región.
Mercedes Aráoz comentó sobre la deportación masiva de Estados Unidos, señalando que «el número de personas que van a ser deportadas, de 300 mil, será relativamente bajo». Según la exministra, aunque las remesas podrían verse afectadas, «no son muchas» y enfatizó que la migración ilegal en EE.UU. «es un delito civil».
Asimismo, enfatizó en el impacto laboral que podría tener esta medida en EE.UU., dado que «perderá una masa laboral muy importante en varias áreas provenientes de América Latina». Sin embargo, destacó que «aparentemente, esto sería una política especial por pedido de Elon Musk y otros líderes tecnológicos, para preservar a los trabajadores con visa H debido a sus conocimientos». No obstante, alertó que «no habrá personas que se encarguen de la mano de obra barata».
El exministro Castilla, también presidente del Grupo Videnza, afirmó que «existe una política en la que, si eres amigo de China, eres enemigo de Estados Unidos». En ese sentido, explicó que «la teoría de Monroy del pasado está afectando a países con déficit comercial, como China y Canadá» y advirtió que «al final, el consumidor será quien pague las consecuencias».
En el caso peruano, señaló que «tenemos un acuerdo de libre comercio con EE.UU. desde hace bastante tiempo, pues nuestro déficit comercial nos coloca en un listado distinto». Castilla destacó que «Trump y su gobierno están actuando impulsivamente, cumpliendo sus promesas y utilizando la amenaza de los aranceles contra quienes no comulguen con sus ideas». Agregó que «el acercamiento con China podría afectarnos económicamente».
Por su parte, Mercedes Aráoz sostuvo que Chile y Europa concentran inversiones importantes para nuestro país, lo que abre la posibilidad de un acuerdo diplomático para el Perú.
Luis Miguel Castilla reveló que «el costo de la inseguridad ciudadana representa el 3% del PBI, es decir, 30 mil millones de soles». Explicó que «este gasto incluye lo que invierten las entidades privadas en seguridad» y que «el cobro de cupos en bodegas y peluquerías es comparable a un impuesto sobre la base de la economía popular».
«Este problema acorta los horarios de atención, reduce la capacidad de gasto de los ciudadanos y disminuye los ingresos de los negocios, frenando el crecimiento económico», advirtió el exministro.
Castilla Rubio también criticó la falta de inversión en seguridad, mencionando que antes»el presupuesto inicial para seguridad interna era de 5 mil millones de soles, pero ahora es de 16 mil millones». Sin embargo, señaló que «el 80% de los proyectos del Ministerio del Interior están paralizados, incluyendo la construcción de comisarías y centros de vigilancia».
Finalmente, advirtió que «si a esto se le suma el marco jurídico que alienta la impunidad y la falta de estipendios adecuados para la Policía, las economías criminales seguirán creciendo, poniendo un techo al desarrollo del país».
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