Personal administrativo incluyó en lista de beneficiados a personas que ni siquiera trabajan en el parlamento. El Congreso no ha echado a los responsables.
Ana Briceño
Unidad de Investigación
Los parlamentarios no son los únicos trabajadores del Congreso de la República envueltos en escándalos por contrataciones irregulares y recortes de sueldo. Los empleados administrativos, del Área de Seguros, también vienen haciendo de las suyas, para su beneficio particular.
La Unidad de Investigación de Latina Noticias accedió EN EXCLUSIVA a un informe del Órgano de Control Institucional del Congreso, que revela cómo algunos trabajadores administrativos han malversado los seguros de salud que la entidad tiene contratados con la empresa Rímac S.A. EPS. Un grupo de administrativos incluyó en la lista de asegurados a personas que ni siquiera trabajan en el Congreso, pero que le sacaron provecho al seguro atendiéndose en clínicas privadas. El problema es que los responsables de este festín de seguros siguen laborando en el parlamento.
El informe de Control Interno detalla que, entre el 2020 y el 2023, 15 trabajadores del Congreso, que fueron cesados, seguían gozando de los beneficios de la cobertura de los seguros Rímac. Además, sus familiares, como parejas e hijos, continuaban usando este servicio gratuitamente. El Congreso desembolsó por esta cobertura, a todas luces ilegal e indebido, casi medio millón de soles.
De los 15 trabajadores, siete fueron cesados en el 2020, tres en el 2021, dos en el 2022, dos en el 2023, y una renunció de manera voluntaria. A pesar de estar fuera de las planillas del Congreso, todos ellos permanecieron como afiliados a la EPS hasta diciembre del 2023, ocasionando un ilegal desembolso de S/ 546,841.
De acuerdo con el informe, la Oficina de Recursos Humanos del Congreso informó sobre el cese de los empleados de manera oportuna a Judith Uceda Hidalgo, técnica del Área de Seguros, para que desafilie a los cesados, pero ella no solo no lo hizo, sino que los registró como “afiliados activos” y elaboró las liquidaciones mensuales del servicio.
Gracias a las gestiones con la empresa Rímac S.A. EPS se logró una devolución de S/380,396, por lo que el perjuicio económico al Congreso de la República fue de S/.166,444. La responsabilidad por este chanchullo recae principalmente en Judith Uceda Hidalgo, quien debido a este caso está con licencia desde enero de este año, pero con goce de haber. “Viene siendo investigada de manera administrativa, una vez que concluya ese proceso se definirá su situación, pero el procurador del Congreso ha cumplido con denunciarla ante el Ministerio Público”, informó a este medio Giovanni Forno, Oficial Mayor del Congreso.
Uceda está envuelta en otro acto presuntamente ilícito que también fue detectado por el Órgano de Control Interno del Congreso.
Judith Uceda Hidalgo trabaja en el Congreso desde el 2011 y en el 2016 pasó al Área de Seguros en esa institución. Hoy el Ministerio Público la investiga y deberá determinar si recibió alguna coima a cambio de mantener afiliados a los 15 empleados cesados. En el Área de Seguros, Uceda, de 46 años, tenía a su cargo la afiliación de los padres de los trabajadores del Congreso al Plan de Salud Potestativo.
Según las indagaciones de la Oficina de Control Interno, Uceda aprovechó su cargo para asegurar a sus padres, Manuel Uceda y Gladys Hidalgo, sin que se le descuente mensualmente de su planilla. Durante cuatro años, desde el 1 de abril del 2019 hasta fines del 2023, los padres de esta trabajadora fueron atendidos 183 veces en clínicas asociadas a Rímac. A Uceda se le debió descontar S/82,087.58 de su sueldo por el seguro de sus padres en esos 4 años, pero el dinero nunca salió de su sueldo, sino de las arcas del Congreso.
Dentro de las irregularidades, también se descubrió que Ricardo Encalada Ormeño, técnico del Área de Seguros, encargado de la afiliación del personal del Congreso al Plan de Salud – EPS afilió, en octubre del 2023, a una policía que nunca trabajó en el parlamento. Se trata de la suboficial en retiro Ada Salas Báez. Ella fue afiliada indebidamente junto a sus tres hijos.
Encalada Ormeño, según el informe, fue advertido de que la policía no laboraba en el Congreso, aun así, por orden suya, fue afiliada para que goce de los beneficios del seguro privado sin que le cueste un sol.
Encalada reconoció haber afiliado a la policía. “Ella dijo que trabajaba en la Oficina de Participación Ciudadana”, indicó Encalada en un informe de descargos.
El Oficial Mayor del Congreso indicó a Latina Noticias que Encalada no ha sido despedido, solo se le removió del puesto, a pesar de que tiene responsabilidad penal y administrativa, como bien dice el informe del Órgano de Control Interno.
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