Tras emitirse una investigación en Punto Final, donde se descubre una adjudicación directa de más de 4 millones de soles de las Fuerzas Armadas, un millonario contrato y presunto favorecimiento bajo la lupa, puso a las Fuerzas Armadas en la mira.
La Fiscalía ha iniciado una investigación por el delito de negociación incompatible por presunto direccionamiento en la adjudicación de la compra de rancho en personal de las Fuerzas Armadas.
«Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima (4.° Desp.) inició investigación contra los que resulten responsables del presunto delito de negociación incompatible, ante supuesto direccionamiento y sobrecosto en adquisición de «raciones de campaña» para personal de las Fuerzas Armadas. Las presuntas irregularidades habrían ocurrido en abril de 2023, durante el proceso de adjudicación del contrato de compra de alimentos, destinados a personal del Comando Conjunto de las FF.AA. que brindó apoyo a la PNP en actividades fuera de las instalaciones militares» se señala en el twitter del Ministerio Público.
El Comando Conjunto realizó una compra directa por más de 4 millones de soles para la adquisición a la empresa Lealto de 55 mil unidades de comida a 75 soles cada una. Esta compra se justificó por los conflictos sociales que afrontaba el país. Sin embargo, tras la disminución de las protestas a nivel nacional, recién se hizo la entrega de los productos. El decreto supremo fue emitido el 7 de febrero.
Sin embargo, estos insumos fueron entregados el 31 de mayo, cuando las movilizaciones ya habían terminado. Otro punto que llamó la atención fue que la empresa Lealto, que se dedicaba a la venta de productos sanitarios y de salud, el 2 de febrero amplió su giro y declaró a la Sunat que también se dedicaba a la venta de alimentos, bebidas y tabaco. Solo cinco días antes del decreto que aprobaba la transferencia de partidas al sector de defensa.
Luis Alvarado Ato es el hombre que figura como fundador y gerente de la empresa Leatlo. Durante la pandemia, su empresa suministró de equipo de protección como mascarillas y demás insumos a la Fuerza Aérea y a su hospital.
Punto Final también dio a conocer que la empresa no operaba en la dirección que consignó en su contrato. En el requerimiento se piden alimentos empacados para satisfacer las necesidades de los soldados basados en una dieta de 800 a 1.300 calorías durante 24 horas de servicio. Sin embargo, durante la emergencia, el ritmo de trabajo requería de una mayor provisión.
Cada comida tuvo un costo de 20 dólares. Sin embargo, en el documento que registrar el ingreso de estas raciones al país, se observa que cada paquete de comida tiene un costo de apenas 5 dólares. Es decir, menos de la tercera parte de lo que fue vendido al Comando Conjunto.
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