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La Fiscalía de la Nación informó que presentó esta tarde sendas denuncias constitucionales contra las congresistas Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso) y Roselli Amuruz (Avanza País) ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento para que sean tramitadas.

Según el comunicado del Ministerio Público, Ruíz es señalada de haber cometido, en calidad de autora, el presunto delito de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible o aprovechamiento indebido.

Y es que la legisladora de APP habría buscado al fiscal provincial Richard Rojas para que interceda ante el personal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales que tiene el caso ‘mocha sueldo’ que el programa ‘Punto Final’ reveló.

A cambio de ello, Ruíz contrató al hermano de Rojas en su despacho. Por ello es que también se inició una indagación preliminar contra el fiscal por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, negociación incompatible y patrocinio ilegal en agravio del Estado.

Por su parte, a Amuruz se le indica haber cometido, en calidad de instigadora, el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por la contratación de personal cercano a su pareja Paúl García en su despacho. Estos son Alejandra García Oviedo, Erick Tirado y Angie Gómez en el Área de Calidad Legislativa y la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Tras este paso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberían dar cuenta de ambas denuncias contra Ruíz y Amuruz. Hay que recordar que la Comisión de Ética no llegó a sancionarlas cuando los casos investigados por la Fiscalía de la Nación fueron remitidos. Al contrario, terminaron blindadas.

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