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Ana Briceño
Unidad de Investigación

Ante la negativa del cirujano plástico Mario Cabani Ravello para entregar información sobre la cirugía que le realizó a la presidenta Dina Boluarte, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial autorización para allanar, y de ser el caso realizar el descerraje, de la clínica Cabani, ubicada en San Borja. La medida también abarcaba a la clínica Sanna. Sin embargo, el pasado 24 de febrero, el juez Juan Carlos Checkley desestimó la pretensión de la Fiscalía de la Nación y no autorizó la intervención a ninguno de los dos establecimientos médicos.

El objetivo de la Fiscalía de la Nación, según la resolución judicial a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Latina Noticias, era incautar la historia clínica de la mandataria, que debía contener todo el procedimiento quirúrgico, incluyendo el pre y post operatorio, para descartar si se había realizado una intervención estética o si la operación n estaba relacionada a un tema respiratorio, como Boluarte afirmó en un Mensaje a la Nación. Hoy se sabe que la presidenta mintió y que sí modificó su rostro por una cuestión de vanidad.

El Ministerio Público pretendía, en el marco de la investigación a la mandataria por omisión de funciones, que se realice el registro de los ambientes de la clínica Cabani y de la clínica Sanna, así también que se haga el registro de todas las personas que se encontrasen durante el allanamiento.

Se pretendía obtener el reporte de gastos “por concepto de cirugía, salud y consultas médicas en el periodo comprendido, entre marzo a julio del 2023 de Dina Boluarte, considerando que los pagos pueden haberse efectuado antes o después de la fecha programada para la intervención quirúrgica, incluyendo los costos por el postoperatorio, en ambas clínicas”.

Otro de los pedidos de la Fiscalía de la Nación era la relación del personal médico que prestó asistencia entre el 28 de junio (día de la operación a Boluarte) al 9 de julio, documentos sobre el descanso médico de la presidenta, información contable sobre los pagos realizados, y tener acceso a la información, física o digital, así como documentos públicos y privados que contengan la información requerida, extracción de copia espejo y extracción de información para análisis.

El Ministerio Público pretendía contar con el reporte de atenciones hospitalarias y ambulatorias de la presidenta, en ambas clínicas.

La Fiscalía de la Nación resaltó que la entrega de la documentación debía entregarse en un plazo no mayor a las 24 horas bajo la amenaza de ser denunciados por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.

DECISIÓN JUDICIAL

Para el juez Checkley, la incautación de información en las clínicas, “implicaría una vulneración al derecho a la salud de todos los pacientes públicos y privados, pues se pretende incautar material que no solo contiene información de la investigada sino de un sin número de pacientes que tiene información personal de salud, así como información de citas médicas programadas, procedimiento y operaciones”.

Además, el juez indicó que Boluarte Zegarra no habría descuidado su cargo tras la operación quirúrgica, pues el expremier Alberto Otárola y otros ministros y ex ministros han venido sosteniendo que se enteraron de la operación por la prensa, “es decir no se percataron de su ausencia”. “En ese sentido, dichos elementos de convicción no resultan suficientes para justificar la medida requerida”, indicó el magistrado, en su resolución.

Por ello, el juez declaró infundado el pedido de allanar la clínica Cabani y la clínica Sanna, pero ordenó que se entregue a la Fiscalía de la Nación toda la información clínica sobre la presidenta.

Para el magistrado, la compra que el Despacho Presidencial hizo de un equipo de magnetoterapia, por S/.12.500, el mismo día que Boluarte entró al quirófano, no resultó suficiente para aprobar el allanamiento.

CABANI RESPONDE

Según fuentes confiables, el cirujano plástico se vio en una encrucijada, pues no contaba con la historia clínica de Dina Boluarte, en vista de que ella se la había llevado supuestamente para no dejar ninguna evidencia de los retoques que se había realizado en el rostro. Pero, ante el mandato judicial, en la clínica tuvieron que reconstruir la historia clínica, en la que se describe que sí le realizaron una intervención estética, y eso entregaron a la Fiscalía de la Nación.

El abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, admitió que efectivamente esa es la versión que la clínica ha dado al Ministerio Público. “Nuestra posición es contraria y la fiscalía determinará quién tiene la razón”, indicó.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias buscó al doctor Cabani para conocer sus descargos sobre los hechos, pero no respondió nuestro pedido. Lo que hoy se sabe es que, durante su declaración al Ministerio Público, guardó silencio, al igual que todo el personal de su clínica. “Solo una enfermera contó que asistió a la presidenta, sin dar más detalles”, indicó la fuente.

De otro lado, Portugal indicó que a la fecha no se le ha notificado sobre una nueva investigación contra la presidenta Boluarte por presuntamente haber favorecido a los amigos del doctor Cabani en puestos de trabajo como habría quedado registrado en un correo electrónico entre la exasistente de Boluarte, Patricia Muriano, y el médico. “Para la defensa, ese correo es apócrifo. Además, nunca se le menciona a la presidenta”, señaló