El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), que dirige la fiscal superior Marita Barreto, informó que presentó un recurso de control difuso convencional ante el juez Richard Concepción Carhuancho con el fin de que no aplique la Ley 32108, que realizó modificaciones respecto a la definición de crimen organizado, en el proceso contra Nicanor Boluarte y otros por el caso ‘Waykis en la Sombra’.
A través de un oficio enviado al titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el Ministerio Público alega que la iniciativa aprobada en el Congreso de la República el 4 de julio pasado resulta «inconstitucional» y por «contravenir tratados del que Perú es parte». Además, mencionó que su petición se analizará en la audiencia de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte y sus demás coeinvestigados.
Precisamente, este viernes 23 de agosto continuará con las audiencias en este asunto. La Fiscalía plantea que Nicanor Boluarte sea ingresado a prisión de manera preventiva por 36 meses. Igual medida propone para el abogado Mateo Castañeda; Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior; a los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar; y Zenovia Griselda Herrera Vásquez. Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de crimen organizado y corrupción.
De acuerdo a la sustentación de la Fiscalía, el caso de Boluarte podría estar implicado en un caso de tráfico de influencias, pero no con el objetivo de obtener un beneficio personal, sino a favor del partido Ciudadanos por el Perú, el cual está en vías de ser inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones.
A través de la designación de cargos de confianza en los puestos de prefectos y subprefectos, estas personas habrían sido utilizados para ayudar a la organización, además de presuntamente haber cobrado cupos para los nombramientos.
La Fiscalía afirma que la posición que tenía Nicanor Boluarte dentro de la administración pública y su acceso a información privilegiado representaron un factor importante para cometer los delitos que se imputan.
Por otra parte, el letrado Mateo Castañeda habría utilizado su conocimiento del sistema legal para elaborar estrategias que le permitieron continuar con las operaciones de la organización criminal.
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